Parece que han surgido efecto las palabras lanzadas este lunes por los fondos de capital riesgo asegurando que "Argentina se niega a negociar" para dar solución a su derecho de cobro de 1.330 millones de dólares, tal y como dictaminó la justicia norteamericana. El Gobierno liderado por Cristina Fernández de Kirchner confirmó finalmente que la delegación argentina se reunirá el próximo 7 de julio con Dan Pollack, el abogado designado por el juez instructor de la causa, Thomas Griesa, como mediador entre los holdouts (fondos de capital riesgo propietarios de la deuda) y Argentina.
Las declaraciones, este lunes, de Jay Newman, número dos del fondo NML, principal acreedor entre los holdouts que impulsaron el litigio contra Argentina, en donde aseguraba que "la pretendida voluntad negociadora del Gobierno de Kirchner probó ser otra falsa promesa", acercó aún más a Argentina al temido default -incapacidad para pagar las deudas por falta de liquidez-.
Al país se le complica más su situación, al ingresar este 1 de julio en una mora parcial o default técnico por no pagar a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 . La omisión del pago, tal y como defiende Argentina, fue culpa de Thomas Griesa, quien bloqueo el envío de dinero a dichos bonistas.
Esta situación, vino tras el intento de Argentina de saltarse el fallo dictado por el juez Thomas Griesa, en donde se obliga a Argentina a cumplir tanto con los bonistas como con los fondos de capital riesgo. El juez Thomas Griesa bloqueó el pasado viernes 27 de junio el envío de 532 millones de dólares al Bank of New York Mellon que tenía como objetivo pagar a los bonistas cuyo deadline vencía este lunes 30 de junio. Griesa tildó el pago realizado por Argentina de "ilegal" y de "desacato " a su orden. Al sobrepasarse la fecha límite de pago con los bonistas, Argentina tiene un periodo de gracia de 30 días más, hasta el 31 de julio, para pagar a los bonistas.
Por su parte, el Gobierno de Fernández de Kirchner dio a conocer su descontento ante la decisión del juez mediante un comunicado titulado "Argentina paga, Griesa obstruye el cobro de los tenedores argentinos". Asimismo, el jefe del Gabinete argentino, Jorge Capitanich, en declaraciones a los medios mantuvo que "es un caso inédito en la historia de la humanidad. Es la primera vez que un juez pretende alterar un contrato e impedir el pago a los bonistas que se han adherido a la reestructuación de la deuda. El caso es motivo de consulta y estudio a nivel internacional", afirmó con rotundidad.
¿Cuál es la estrategia?
Argentina pide al juez Thomas Griesa que aplace el fallo de la sentencia hasta el próximo diciembre, para poder así cumplir los pagos establecidos este 31 de julio con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Esta petición es una necesidad imperante para el Gobierno de Argentina, debido a la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que afectan a los bonos reestructurados mencionados anteriormente. En concreto, la cláusula RUFO, que está en vigor hasta el próximo diciembre, establece que Argentina no puede hacer ninguna oferta mejor a ningún acreedor -los fondos de capital riesgo, en este caso-, si no se la puede ofrecer también a los bonistas reestructurados.
En el caso de que Kirchner llegue de forma voluntaria a un acuerdo con los fondos de inversión en la causa que dirige Griesa, los bonistas reestructurados podrían pedir el 100% de la deuda original. Esto significaría que Argentina debería hacer frente a pagos por valor de 120.000 millones de dólares, según anunció el ministro de Economía argentino, Alex Kicillof -aunque algunos abogados de renombre hablan ya de 500 mil millones-. En tal caso, ya no estaríamos hablando de un default, imposibilidad de pagar por falta de liquidez, sino de una quiebra del sistema económico argentino en toda regla.
La solución que se plantea Cristina Fernández de Kirchner para salir de este embrollo es que los fondos de capital de riesgo, liderados por NML, acepten bonos argentinos para pagar su deuda -deuda a cambio de más deuda-, o que bancos internacionales compren la deuda pendiente a los fondos de capital de riesgo, bajo el beneplácito de los fondos. En el caso de que no se llegara a una solución secundaria que no fuera pagar directamente -por temor a la cláusula RUFO-, Argentina buscaría cualquier otra opción a un "pago voluntario", incluso caer en el default que procedería al embargo directo de sus cuentas por parte de EEUU, al no acatar la obligación de cobro de los bonistas dentro de la moratoria dada hasta el 31 de julio.