El Gobierno del PP ya tiene su propio Plan E, al más puro estilo de José Luis Rodríguez Zapatero, solo que cambia el mecanismo y los objetivos a perseguir.
El PSOE lanzó en la primera mitad de la pasada legislatura dos planes de estímulo fiscal por un valor próximo a los 13.000 millones de euros bajo la promesa de relanzar la economía y crear empleo. La idea consistía en disparar el gasto público mediante la realización de todo tipo de obras e inversiones a nivel municipal para impulsar el quebrado sector de la construcción.
Pero no sólo no logró los resultados esperados, sino que el tiempo se ha encargado de demostrar que se trató de un derroche de dinero público, además de un nido de irregularidades y fraude. El Plan E sirvió para incrementar aún más el déficit público, a costa del dinero del contribuyente. Dos años después, en 2010, el Gobierno de Zapatero se veía obligado a aprobar impopulares recortes presupuestarios para evitar la quiebra del país.
Sin embargo, parece que la lección no ha servido de mucho. Ahora es el Gobierno del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, el que lanza su propio Plan de estímulo, solo que bajo otro título, cuantía y objetivos. El Ejecutivo ha bautizado el programa como Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia.
El Ejecutivo popular pretende movilizar ahora un total de 11.000 millones de euros entre 2014 y 2015, pero esta cuantía no se destinará a obra pública municipal, sino a infraestructuras, préstamos y subvenciones de todo tipo a determinados sectores económicos.
La principal diferencia respecto al Plan E de Zapatero es que no supondrá, en principio, un incremento del gasto público presupuestado, puesto que unos 6.300 millones provendrán de Fondos europeos, otras partidas presupuestarias ya contempladas e inversión privada "inducida" (obra pública realizada por empresas privadas), mientra que los 4.655 millones restantes son, básicamente, préstamos públicos a través del ICO y otros organismos.
Sin embargo, en el fondo, la filosofía del Plan Rajoy es muy similar a la del Plan Zapatero: dinero público -en forma de inversión, subvenciones o préstamos- para tratar de impulsar el PIB y el empleo. Zapatero lo hizo aumentando el gasto porque, entonces, se lo podía permitir (España tenía superávit público), y Rajoy lo hace ahora redirigiendo partidas ya existentes y apostando por la banca pública (ICO). Asimismo, también contempla algunas liberalizaciones y reducción de trabas administrativas con el fin de facilitar la actividad económica, cuya aprobación no implica dinero público y, por tanto, ningún coste al contribuyente.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que las 40 medidas incluidas en el plan se han diseñado en coordinación con siete ministerios y "no condicionan el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal porque se partirá de los recursos disponibles, pero optimizándolos".
Inversión pública
- Eficiencia energética: se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) para cofinanciar, con 892 millones de euros, inversiones de eficiencia energética en edificación, transporte, industria, servicios y sector agrícola. Las CCAA invertirán, además, 133 millones de euros extra.
- Un Plan de Vivienda de 200 millones: se destinarán a actuaciones de rehabilitación edificatoria.
- Mejorar los equipos industriales con 828 millones: actuaciones en el sector industrial que mejoren la eficiencia energética de los procesos productivos y tecnológicos.
- Plan PIVE 6: la próxima edición de esta subvención a la compra de coches estará dotada de 175 millones de euros.
- Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria: dotado con 100 millones de euros para acelerar la construcción de los accesos viarios y ferroviarios de los puertos.
- Nuevo modelo de gestión de aguas: nuevo modelo de gestión del agua de uso urbano a través de inversiones con cofinanciación europea por valor de 1.000 millones de euros para inversiones en 400 depuradoras.
- I+D+i: una inversión total de 3.000 millones entre 2014 y 2018, con la que se financiarán infraestructuras y proyectos en el sector público y el privado.
Financiación
- Línea ICO de 25.000 millones para 2015: este objetivo supone un aumento de un 25% respecto al previsto en 2014 y un 80% más que en 2013. El ICO también pone en marcha un programa de avales a favor de organismos e instituciones financieras internacionales con el objetivo de canalizar un mayor volumen de financiación en condiciones preferentes. El importe anual máximo sería de 900 millones de euros.
- 800 millones para la Pyme UE: España participará en el instrumento financiero europeo Iniciativa PYME con 800 millones de euros procedentes del Fondo FEDER. El Estado aportará 135 millones y las Comunidades Autónomas 665.
- Préstamos al sector industrial: se destinarán 745 millones de euros para la concesión de préstamos a sectores industriales. Las condiciones de los créditos serán del 75% del presupuesto financiable, a 10 años, con 3 de carencia y a un tipo de interés entre el 3,062 y 4,53%.
- Línea ICO a la I+D+i: dotada de 323 millones de euros, de los que 248,6 millones provienen de fondos estructurales europeos correspondientes a la Administración General del Estado, con plazos de amortización de hasta 7 años.
- Investigación industrial: se dotarán 170 millones para proyectos de investigación industrial en sectores estratégicos.
- Fondo Colateral: financiación para proyectos de I+D+I realizados por pymes con dificultades para la aportación de garantías. Este fondo movilizará 1.140 millones entre 2014 y 2020.
Liberalización y flexibilización
- Cambios en la ley concursal: se adaptan los convenios concursales al nuevo régimen de los acuerdos de refinanciación. También, se revisará el régimen jurídico de la administración concursal para favorecer la reducción de costes y plazos de los procedimientos concursales. Además, se adoptarán mecanismos para facilitar que en vez de tener que terminar liquidando empresas, se pueda transmitir el negocio en bloque.
- Racionalizar la normativa medioambiental: se quieren eliminar las duplicidades y requisitos innecesarios en la normativa medioambiental y urbanística que afecta a las actividades económicas. Para ello, se proponen 42 medidas entre las que están: la agilización de la concesión de licencias municipales urbanísticas o la optimización de los procedimientos de evaluación ambiental.
- Plazos: se establece un plan de lucha contra el incumplimiento de plazos administrativos para los operadores económicos.
- Liberalización comercial: se contempla la extensión de las zonas comerciales de gran afluencia turística (ZGAT) a nuevas áreas de intensa actividad turística en las grandes ciudades españolas. También, se eliminan barreras normativas en la inversión en el sector de la distribución comercial
- Ferrocarril: el Gobierno liberaliza el transporte ferroviario de viajeros.
- Vehículos eléctricos: se eliminan obstáculos para el desarrollo de las infraestructuras de recarga.
- Drones: se autorizará la actuación de drones en las actividades económicas.