Bruselas no se cree las cuentas del Gobierno español, ni su capacidad para reducir el déficit según lo prometido. Así lo ha dejado claro, este lunes, la Comisión Europea, con la publicación de la "Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014", uno de los documentos más duros que el Ejecutivo comunitario ha presentado en los últimos meses. Incluso aunque está escrito en el lenguaje comunitario habitual en este tipo de informes, sorprenden los reproches que se le hacen a nuestro país y el larguísimo listado de reformas que exigen.
Leyendo las 10 páginas del documento, queda claro que la Comisión cree que a Mariano Rajoy le queda mucho trabajo por delante y de la máxima importancia. Las autoridades comunitarias piden cambios en casi todos los aspectos de la vida económica, desde el mercado laboral (reducción de modalidades de contratación y cambio de las políticas activas de empleo), hasta los sectores regulados (aplicación inmediata de la ley de unidad de mercado y ley de servicios profesionales), pasando por los cambios en las administraciones (reforzamiento de los mecanismos de control y lucha contra la economía sumergida).
Pero quizás lo que más destaque sean las propuestas en lo que hace referencia al gasto público y la consolidación presupuestaria. Casi todo es llamativo en esta cuestión: primero, porque Bruselas insinúa que no se cree algunas de las cuentas del Gobierno; segundo, porque le pide más concreción y contundencia en la reducción del déficit; y tercero, porque le avisa claramente de los riesgos que existen acerca del incumplimiento de los objetivos impuestos por la UE.
"Riesgos de sobreestimación"
Al menos desde 2010, las cuentas públicas españolas son objeto de atención preferente desde Bruselas, Fráncfort (sede del BCE) y Berlín. El Gobierno ha vendido como un éxito el desplome de la prima de riesgo y la salida de la situación de riesgo extremo que provocó que en el segundo semestre de 2011 y el primero de 2012 se diera casi por seguro el rescate de España.
Sin duda, ha habido una mejora en términos presupuestarios y de confianza ante los inversores. Pero la situación está lejos de ser tranquilizadora. Las administraciones públicas cerraron 2013 con un déficit cercano al 7% del PIB y surgen dudas sobre si no habrá habido maquillaje por parte de Hacienda. En este contexto, la nota de la Comisión resulta poco tranquilizadora. El Ejecutivo comunitario cree que las cuentas de Moncloa no se sostienen, ni en lo que hace referencia al crecimiento del PIB, ni a la reducción del déficit.
La primera parte del informe incluye el análisis de la situación y de las perspectivas de futuro a corto plazo. Los autores dejan claro que no están nada convencidos de las previsiones realizadas desde Madrid y de las medidas aprobadas para alcanzar los objetivos marcados:
- El escenario macroeconómico en el que se apoyan las previsiones presupuestarias incluidas en el programa, que no ha sido elaborado ni corroborado por ningún organismo independiente, pero presenta riesgos de sobreestimación en lo tocante a 2015 en comparación con las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión.
- Para 2016-2017, las tasas de crecimiento del PIB previstas en el programa parecen un tanto optimistas si se consideran las estimaciones actuales de la tasa de crecimiento potencial de la economía y las necesidades de ajuste restantes una vez concluida la crisis. Así pues, existen también riesgos de sobreestimación en relación con las sendas de ajuste del déficit y la deuda.
- Además, todavía no se han especificado suficientemente las medidas concretas en apoyo del logro de los objetivos de déficit global a partir de 2015, especialmente por lo que respecta a los cambios de la legislación tributaria en el marco de la reforma fiscal prevista.
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Sigue habiendo margen para aplicar los mecanismos coercitivos adicionales, establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, a las comunidades autónomas incumplidoras.
Las recomendaciones
Con este panorama, no resulta extraño que cuando llega la parte final (la más importante) del informe la Comisión sea muy prolija en el redactado de las recomendaciones para el Gobierno español. Prácticamente no hay ningún aspecto de la política presupuestaria y fiscal que no toque el documento.
En primer lugar, pide a España que refuerce "la estrategia presupuestaria a partir de 2014, especificando plenamente las medidas para 2015 y los años posteriores".Es importante este apunte a los "años posteriores" porque lo que quiere la UE es que los esfuerzos no sean flor de un día. Es más, puede intuirse que en Bruselas no se creen que los recortes hayan sido tan duros como el Gobierno ha vendido en los últimos meses.
En este sentido, la Comisión recuerda al Gobierno que afrontar los actuales desequilibrios presupuestarios "exige aplicar de manera creíble ambiciosas reformas estructurales que permitan incrementar la capacidad del ajuste". Y para que todo esto no se quede sólo en palabras, dan una cifra: "aplicar un ajuste estructural no inferior al 0,5% cada año e incluso mayor si la coyuntura económica es buena". Sólo así, se lograría, en su opinión, "situar la deuda pública en una senda de descenso constante".
Además, la UE no se queda con un tirón de orejas por unas previsiones desacertadas o con la referencia genérica a la necesidad de reducir el déficit. La segunda parte del punto dedicado a la estabilidad presupuestaria incluye cuatro medidas directas para contener el gasto público. Para empezar, exigen al Gobierno que ponga en marcha de una vez la "nueva autoridad presupuestaria", para que pueda "funcionar cuanto antes". También pide que se "apliquen de forma rigurosa y transparente", y en "todos los niveles de la administración", las medidas correctoras y coercitivas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En ambos casos, se trata de medidas anunciadas por el Gobierno pero no aplicadas en su integridad.
No se queda ahí el documento. En tercer lugar, exigen a España que, "antes de febrero de 2015", realice "una reducción sistemática del gasto en todos los niveles de la administración para contribuir mejorar la eficiencia del gasto público". Por último, pone un ejemplo concreto de un sector en el que aplicar estas recomendaciones: "la asistencia sanitaria", para el que pide una "racionalización del gasto farmacéutico" y la "coordinación entre los distintos tipos de asistencia".
Los impuestos
Eso sí, la Comisión no se queda en la parte de los ingresos, el Ejecutivo comunitario también ataca la parte de los ingresos. En este capítulo, vuelve a pedir al Gobierno que acometa una "reforma fiscal completa, que simplifique el sistema impositivo" para facilitar el crecimiento y la creación de empleo.
Las recomendaciones que hace en este campo no son nuevas. En realidad, apuntan en una dirección expresada varias veces en los últimos años: más imposición indirecta (IVA y especiales), reducción de bonificaciones fiscales a cambio de menores tipos y bajada de las cotizaciones sociales para conseguir una devaluación interna encubierta para mejorar nuestra competitividad ante el exterior:
- "Trasladar la imposición hacia tributos menos distorsionadores como los que gravan el consumo (IVA) o el deterioro del medio ambiente" (carburantes, entre otros)
- "Impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles" (es decir, sobre la tenencia de estos bienes antes que sobre la transacción)
- "Eliminar los gastos ineficientes en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas": cuando habla de "gastos ineficientes" la Comisión quiere decir eliminar deducciones y bonificaciones fiscales.
- "Considerar la posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en particular en el caso de los empleos con salarios reducidos"
- "Seguir corrigiendo la distorsión a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades"
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"Intensificar la lucha contra la evasión fiscal"