La Comisión Europea ha pedido este lunes a España "nuevas medidas" para acabar con la segmentación en el mercado laboral, entre ellas la reducción del número de contratos, así como rebajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos con subidas del IVA y de impuestos medioambientales.
Bruselas exige además a España concretar los ajustes que tiene previsto adoptar para cumplir los objetivos de reducción de déficit en 2015 (4,2%) y en 2016 (2,8%).
El Ejecutivo comunitario se fija en particular en la necesidad de "seguir aumentando la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria, sobre todo aumentando la racionalización del gasto farmacéutico, particularmente en los hospitales".
España, resaltan las recomendaciones, debe "emprender nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado laboral con el fin de favorecer empleos sostenibles y de calidad, incluyendo la reducción del número de tipo de contratos y garantizando un acceso equilibrado a los derechos de despidos", así como "reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones por desempleo".
Bruselas reclama que "la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo". También sugiere "mejorar la eficacia y la orientación de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las bonificaciones ofrecidas por la contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo".
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene que "acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo" y "garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación". Y poner en marcha la garantía juvenil para proporcionar a los menores de 25 años en paro o que finalizan su educación un empleo, prácticas o formación adicional en un plazo de cuatro meses.
La reforma tributaria
En materia tributaria, el Ejecutivo comunitario pide a España que adopte antes de fin de año "una reforma fiscal completa para hacer el sistema tributario más simple y que favorezca el crecimiento y la creación de empleo, la preservación del medio ambiente y la estabilidad de los ingresos".
"Para este fin: desplazar los ingresos hacia impuestos que distorsionan menos, como los que gravan el consumo, los medioambientales (por ejemplo sobre los carburantes para coches) y los que gravan de forma recurrente la propiedad", apuntan las recomendaciones que Bruselas dirige al Gobierno de Mariano Rajoy.
La reforma fiscal debe asimismo eliminar las deducciones "ineficientes" en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta, así como "considerar la posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en particular en el caso de los empleos con salarios reducidos".
Finalmente, España tiene que "tomar medidas para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del mercado interior español".
Déficit eléctrico y rescate de autopistas
La Comisión exige además a las autoridades españolas "garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de 2014, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales necesarias".
También recomienda "abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que se minimicen los costes para el Estado", así como "establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura".
España debe aplicar la reforma de las administraciones públicas, así como reforzar los mecanismos de control e incrementar la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a nivel local y regional", así como "completar y supervisar cuidadosamente las medidas en curso para luchar contra la economía sumergida y el trabajo no declarado".
Ley de servicios profesionales
Otra prioridad para Bruselas es "aprobar una reforma ambiciosa de los servicios profesionales y de las asociaciones profesionales antes de finales de 2014, definiendo las profesiones que exigen la inscripción en un colegio profesional, así como las normas de transparencia y rendición de cuentas de los organismos profesionales, liberalizando las actividades reservadas injustificadamente y preservando la unidad de mercado en el acceso a los servicios profesionales y su ejercicio en España".
El Gobierno tiene que tomar medidas para "reducir el tiempo, el coste y el número de trámites necesarios para establecer y poner en funcionamiento una empresa" y "corregir las restricciones injustificadas al establecimiento de grandes superficies comerciales, en concreto mediante la revisión de las disposiciones regionales de urbanismo".
Culminar la reforma bancaria
La Comisión reclama "completar la reforma del sector de las cajas de ahorro" y "finalizar la reestructuración de las cajas de ahorro de titularidad pública, con el fin de acelerar su plena recuperación y facilitar su vuelta a manos privadas".
El Gobierno debería "fomentar los esfuerzos desplegados por los bancos para mantener ratios sólidas de capital y supervisar la actividad de la Sareb para garantizar que los activos se enajenen en los plazos establecidos, minimizando simultáneamente el coste para el contribuyente".
Bruselas reclama finalmente "eliminar los obstáculos restantes en el marco de la insolvencia empresarial -en particular mejorando los conocimientos especializados de los administradores concursales y la capacidad del sistema judicial para tramitar los asuntos de insolvencia- y desarrollar un marco permanente para la insolvencia personal".
En materia de lucha contra la exclusión social, Bruselas apuesta por "reforzar la capacidad administrativa y la coordinación de los servicios sociales y de empleo", "racionalizar los procedimientos para facilitar la incorporación al mercado de trabajo desde los regímenes de renta mínima" y "mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos".