Es la primera condena a una cúpula de un banco por los abusos cometidos en época de crisis. La Audiencia Nacional ha condenado este jueves a dos años de cárcel al ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagès y a un año a tres exdirectivos, al considerar que, aunque su conducta fue "maliciosa e insidiosa", han reparado el daño que hicieron al devolver los 28,6 millones en pensiones que cobraron de manera irregular. Debido a que los condenados carecen de antecedentes penales no ingresarán en prisión.
El juez central de lo penal José María Vázquez Honrubia ha adelantado así su fallo después de que Pagès, Joan Caellas, Santiago Abella y Manuel Troyano hayan reconocido los hechos y hayan anunciado que han procedido al reintegro de las cantidades percibidas y pendientes de cobro.
El magistrado considera que los cuatro han incumplido los deberes de cualquier administrador y "mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja" antepusieron los intereses personales a los sociales.
Esta confesión y la reparación del daño económico causado no ha influido, no obstante, en la postura de Anticorrupción que ha recordado que la Fiscalía "tenía razón en este asunto". "Me congratulo de que el dinero haya sido recuperado pero los hechos y esta restitución a última hora determina que la pena deba ser la que solicitaba en un inicio", ha indicado.
En la última sesión del juicio el Banco Mare Nostrum, perjudicado en esta causa, se ha declarado efectivamente resarcido y ha reducido en consecuencia su petición de pena para aquellos si bien las defensas han solicitado una reducción incluso mayor.
El juez ha dictado sentencia de viva voz condenando por los hechos a Pages y otros tres exdirectivos. El fallo ha sido declarado firme en el acto debido a que ninguna de las partesha manifestado su intención de recurrirlo.
Vázquez Honrubia ha tomado esta decisión en contra del criterio del fiscal, que ha mantenido su pena de prisión de 3,5 años para Pagès y de 3 años para los otros tres acusados porque su reconocimiento demuestra que "la Fiscalía tenía razón", y que engrosaron sus pensiones contratando pólizas de seguros a espaldas de los órganos de administración y control de la caja