Alemania quiere poner orden en las partidas presupuestarias que destina al gasto social de sus inmigrantes. De hecho, ayer martes, se supo que la Unión Europea ampara los planes del país germano. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Melchior Whatelet, anunció que avala que Alemania deniegue ayudas sociales a ciudadanos de otros Estados miembros de la UE que viajan al país con el único objetivo de buscar empleo o de beneficiarse de estas prestaciones.
Aunque la postura del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia, éste sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. En Alemania, los demandantes de empleo necesitados de asistencia pueden solicitar el seguro básico con el fin, entre otras cosas, de garantizar su subsistencia. Sin embargo, según el derecho alemán quienes se desplacen a Alemania con el único objetivo de beneficiarse de estas prestaciones o de buscar trabajo quedan excluidos. El objetivo es evitar que Berlín tenga que soportar una carga excesiva por las prestaciones sociales.
En su fallo, el abogado afirmaba que "una legislación que deniega las prestaciones del seguro básico a quienes, lejos de pretender integrarse en el mercado laboral, llegan a Alemania con el único fin de beneficiarse del régimen alemán de asistencia social, es conforme con la voluntad del legislador de la Unión. Esta exclusión permite evitar que quienes ejercen su libertad de circulación sin tener intención de integrarse se conviertan en una carga para el sistema de asistencia social".
Expulsión del país
Hoy el diario El Mundo va más allá y publica que el Consejo de ministros del gobierno alemán ya tiene listo el proyecto de ley que contempla la expulsión del país de los inmigrantes europeos que llevan más de 6 meses en el país sin haber encontrado trabajo. El rotativo afirma que se aprobará en "las próximas sesiones".
El pasado mes de abril, el ministro del Interior, Thomas de Mazière, y la titular de Trabajo, Andrea Nahles, presentaron en Berlín un informe en el que se redactaban varias propuestas para evitar el fraude al sistema social y para frenar la "inmigración de la pobreza". Una de las propuestas era limitar a 6 meses la estancia en Alemania de los europeos que no encuentren trabajo o se hayan quedado sin él previamente.
Aunque están destinadas a frenar la entrada de ciudadanos rumanos y búlgaros estas medidas también afectarán a los miles de españoles emigrados a Alemania en busca de empleo
El portavoz en materia de Interior de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Stephan Mayer, ha calificado el proyecto de ley que ya ha sido filtrado a los medios de comunicación como "consecuente", en referencia a la gran afluencia de inmigrantes europeos que están entrando en el país.