El exdirector adjunto de Caixa Penedès Santiago José Abella ha defendido este lunes la legalidad de las pensiones millonarias que percibió la excúpula de la entidad porque estaban fijadas por contrato y que se contrataron pólizas de seguros para evitar que se les "discriminara" con respecto al resto de trabajadores.
Así lo ha declarado Abella en el juicio que ha empezado este lunes en la Audiencia Nacional contra él y el ex director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y los exdirectivos Manuel Troyano y Joan Caellas, a los que la Fiscalía acusa de haberse adjudicado prejubilaciones de hasta 31,6 millones con pólizas contratadas a espaldas de los órganos de control de la entidad.
Según ha explicado el acusado, firmó un contrato de alta dirección con Caixa Penedès en 1996, en el que se establecía una cláusula que le concedía el derecho a una prejubilación vitalicia a partir de los 60 años equivalente al 90 por ciento de su retribución, que no ha especificado.
Fue el 4 de enero de 2006, ya cumplidos los 61 años, cuando causó baja en la caja, una decisión que trasladó a todo los órganos correspondientes y que, por lo tanto, era "pública y notoria", tanto que sus compañeros de la dirección le "agasajaron" con una comida de despedida en un restaurante de Barcelona.
Blindar sus pólizas
Un día después, Abella, que ha declarado haber estado "felizmente jubilado" todos estos años, firmó un convenio específico con la Seguridad Social por el que seguiría tributando hasta los 65 años y asegurarse así la jubilación máxima, que se descontaría cuando cumpliera esta edad de lo que percibía deCaixa Penedès.
A preguntas del fiscal, ha explicado que se contrató a una empresa asesora para negociar la externalización de las pensiones de, en un principio, los trabajadores de relación laboral común de la caja, aunque luego se aplicó a la directiva.
En enero de 2001, el Consejo de Administración de Caixa Penedès estableció que se crease un fondo de pensiones con el "salario pensionable" de los empleados y que todos los excesos que, por razones fiscales, no cupiesen en el mismo, pasaran a una póliza de seguros, todo ello sin que la caja tuviera que hacer dotaciones específicas.
Abella, que llegó a percibir 1,89 millones de prejubilación, ha insistido en que "el personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza", por lo que si no se hubieran consolidado los derechos de los directivos, habría personas en la caja con todos los derechos cubiertos y otros, ellos cuatro, con solo un trozo, lo que hubiera supuesto una "discriminación".
La Fiscalía, por el contrario, sostiene que los acusados, para los que pide entre 3 y 3,5 años de prisión, junto con Jorba, se apresuraron en modificar sus contratos de trabajo y a blindar sus pólizas con las compañías Axa y Zurich para que cuando cesaran en sus cargos pudieran beneficiarse de las indemnizaciones previstas en dichos seguros.
De acuerdo con las pólizas, Pagès tenía derecho a cobrar 11,6 millones de euros; Abella 5,7 millones; Jorba 3,3 millones; Troyano 6,16 millones y Caellas 4,8 millones, mientras que Troyano y Caellas fueron despedidos de la entidad y no percibieron cantidad alguna.
Antes del interrogatorio, el juez central de lo penal, José María Vázquez Honrubia, ha rechazado anular el juicio, tal y como reclamaban las defensas, que alegaban que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para enjuiciar a sus clientes.