Suiza acaba de rechazar por referéndum el establecimiento de un salario mínimo legal de 4.000 francos suizos mensuales, el equivalente a unos 3.270 euros. Algunos sacralizarán el rito electoral del referéndum al margen del resultado obtenido; otros apreciamos ese resultado (o aquel otro en el que rechazaron el establecimiento de un salario máximo) como una clara exteriorización de la madurez institucional de una sociedad que ha alcanzado elevadas cotas de prosperidad precisamente porque esa madurez ha impedido una involución populista de sus instituciones.
Pues, en efecto, la legislación que busca imponer un salario mínimo interprofesional es una forma de populismo normativo. Tal como explico en Una revolución liberal para España, la imposición legal de un salario mínimo no contribuye a aumentar las remuneraciones salariales percibidas por los trabajadores de un país: al contrario, sus efectos tienden a ser destrucción neta de empleo (o al menos una desaceleración en el ritmo de nuevas contrataciones), reducción de los ingresos de los trabajadores menos cualificados e incremento del número de familias bajo el umbral de la pobreza.
En contra de la propaganda dominante, la legislación del salario mínimo no es necesaria para lograr un salario creciente para el conjunto de la población. El EEUU del siglo XIX nos proporciona un ilustrativo ejemplo: el salario real de los estadounidenses se multiplicó por cuatro entre 1820 y 1914 sin necesidad de que los políticos lo decretaran. Otro ejemplo más actual nos lo proporciona, justamente, Suiza: la Confederación Helvética carece de un salario mínimo normativo, a escala confederal y cantonal (si bien a partir de 2015 el cantón de Neuchâtel dispondrá de uno); por su parte, los convenios colectivos sí imponen remuneraciones mínimas para las distintas profesiones, pero la mitad de la población suiza no se halla protegida alguno de ellos. ¿Resultado? El salario mediano (que no medio) de Suiza en 2012 fue de 6.118 francos suizos, esto es, unos 5.000 euros mensuales; asimismo, el primer cuantil salarial (el salario más alto del 25% de los trabajadores suizos que menos cobra) fue de 4.771 francos suizos, esto es, unos 3.900 euros mensuales. Desde 1990, los salarios reales se han incrementado en casi un 50%.
¿Cómo es que los empresarios suizos no se han dedicado a explotar impunemente a los trabajadores suizos no sindicados pagándoles salarios de miseria? Pues porque no es la legislación estatal lo que hace crecer sostenidamente los salarios, sino el respeto a la propiedad privada, la acumulación de capital y la competencia empresarial. En contra de lo que suele pensarse, Suiza no es rica por ser un centro financiero internacional, sino que es un centro financiero (y no financiero) internacional por las mismas razones por la que es rica: estabilidad institucional, ortodoxia monetaria, apertura comercial, tributación relativamente baja y mercados más libres que en su entorno.
Si los españoles deseamos llegar a cobrar en algún momento futuro salarios tan elevados como los suizos deberemos emularlos en los factores que explican las bases de su prosperidad y no pensar ingenuamente que un decreto suscrito por Fátima Báñez, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo y Juan Rosell para fijar un salario mínimo de 3.270 euros mensuales puede abrirnos las puertas del Edén. No, en todo caso nos abriría, aún más, las compuertas del infierno. El salario mínimo legal es una prohibición regulatoria a trabajar y España no puede permitirse, especialmente en momentos como los actuales, prohibir trabajar. El objetivo de incrementar sostenidamente las remuneraciones de los trabajadores es muy loable y harto deseable: pero para aumentar todos los salarios de una sociedad, incluyendo los más bajos, se necesita más libertad, más ahorro, más inversión y menos impuestos, no más regulaciones.