La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado este viernes de que los ciudadanos y las empresas se han ahorrado, gracias a la administración electrónica, 15.357 millones de euros en 2012 y 16.136 millones en 2013.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha destacado que más de 2.500 procedimientos de la administración son accesibles por internet, lo que supone el 95% del total.
Asimismo, ha señalado que se han solicitado más de 40 millones de certificados electrónicos. La vicepresidenta ha subrayado el ahorro que representa hacer los trámites por internet y ha afirmado que el coste medio de una gestión de forma presencial cuesta 80 euros, frente a los 5 que supone hacerlo por vía telemática. De este dato, saldrían los 16.136 millones de ahorro que ha calculado el Gobierno, aunque la vicepresidenta no ha dado más detalles sobre la metodología del cálculo.
Además, ha indicado que la gestión telemática llevada a cabo por el Ministerio de Empleo supuso un ahorro de 15 millones en informes de la vida laboral y ha añadido que se han revisado 132 normativas con el objetivo de reducir cargas administrativas, lo que ha implicado un ahorro de 2.246 millones en 2013.
También ha asegurado que la plataforma de intermediación de datos, creada para no pedir el mismo documento en cada trámite, ha representado un ahorro de 125 millones en 2012 y de 152 en 2013.
Red única de Telecomunicaciones
Sáenz de Santamaría ha continuado enumerando datos que confirman las ventajas económicas de internet y ha recalcado que en 2012 y 2013 se han validado más de 211 millones de trámites con firma electrónica.
Por otra parte, ha informado de que tras centralizar y revisar contratos de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICS) se han ahorrado 3,5 millones en la planificación de ordenadores, 13 millones por alargar su vida y 3,4 por compras centralizadas del sistema operativo.
La vicepresidenta ha avanzado que ahora uno de lo objetivos prioritarios es la red única de telecomunicaciones para unificar más de 200 contratos de 12 ministerios y 51 organismos, a partir del 1 de enero de 2015.