El gas natural es un combustible translúcido, pero el que debía acumularse en las instalaciones mediterráneas de Castor empieza a tomar una sospechosa tonalidad opaca. El informe del Instituto Geográfico Nacional conocido parcialmente ayer aclara menos de lo que parece. Las fallas no aparecen de la noche a la mañana, como tampoco lo hacen las declaraciones de impacto ambiental ni los informes económicos a las altas instituciones del Estado. Pero escuchando a algunos de los representantes políticos preocupados por el caso pareciera que el lecho marino de las costas de Castellón era un remanso de paz, un tranquilo desierto de sal antes de que Escal UGS decidiera inyectar en él unos cuantos litros de gas colchón.
Si estuviéramos hablando de un informe meramente científico, las cosas estarían menos oscuras. Para empezar, se habría reproducido íntegro en alguna publicación de impacto, al alcance de cualquier curioso, poco después de terminado. Pero no hemos tenido conocimiento de él hasta casi seis meses después de ser fechado y, suponemos, remitido a la autoridad encargante: el Ministerio de Industria. Incluso así, solo ha visto la luz tras la oportuna filtración de un diputado.
El informe del que hoy tenemos noticia no es más que una pieza en la estrategia del Ministerio antes de decidir qué hace con Castor. Falta conocer la sustancia de otro elaborado por el Instituto Geológico y Minero y un tercero en manos de presuntos expertos independientes internacionales.
Es de suponer que, en buena medida, todos coincidirán. Porque no hace falta estudio científico alguno para saber que las inyecciones masivas de gas de este tipo provocan microseísmos. Lo han hecho siempre y siempre lo harán. Otra cosa es determinar si la asiduidad de los vividos el año pasado en Castellón y, sobre todo, su magnitud es tolerable dentro de los márgenes de seguridad de estas instalaciones.
La clave de la cuestión es conocer hasta qué punto las tareas de Castor han aumentado la actividad de una falla no cartografiada, que no aparecía en los informes previos del proyecto y que no es la temida falla de Amposta, hacia la que todas las miradas se dirigieron al principio. De lo que sabemos sólo es evidente que no consta conocimiento previo de esa falla a la hora de iniciar las obras. ¿Fue por insuficiencia de los análisis de impacto, por premeditado olvido, por falta de comunicación entre las partes? ¿Hubiera cambiado el resultado de los permisos la advertencia sobre esa fuente de sismicidad?
Lo que los expertos llaman sismicidad inducida es un concepto aún discutido sobre el que queda mucho por investigar pero que cuenta cada vez con más evidencia científica a su favor.
Durante aquellas semanas de 2013, la sección sísmica del Observatorio del Ebro recogió los dos temblores más importantes detectados en la zona desde 1975. El dato aislado ya sobrecoge: aunque el sur de Cataluña y el norte de Castellón se encuentran en la frontera de colisión de la cordillera ibérica y la prelitoral costera catalana, es decir, en el punto de unión de dos grandes estructuras tectónicas, la región es extremadamente tranquila en condiciones naturales.
¿Quiere eso decir que es inactiva? Ni mucho menos. En el Golfo de Valencia existen varias fallas paralelas en dirección suroeste-noreste de actividad muy lenta. Muchas de las fallas que cruzan la zona albergan aún huellas de actividad reciente. En términos geológicos recientes puede querer decir que se han producido terremotos severos en el último millón o millón y medio de años. En cualquier caso, los geólogos siguen considerándolas fallas activas. Una de ellas parece que había escapado a las cartografías previas a la concesión de Castor.
Estas fallas pueden estar vivas, pero dormidas. De manera que un cambio repentino en el reparto de los esfuerzos, en la densidad de los materiales, una fragmentación de rocas por efecto de la inyección de fluido u otros factores naturales o artificiales pueden despertarlas. La labor solicitada a los expertos del Instituto Geológico y Minero y del Instituto Geográfico Nacional consiste, entre otras cosas, en determinar el mapa de epicentros de los centenares de movimientos detectados, estudiar su distribución y cotejar su relación con las fallas de la zona. Se les pidió que dictaminaran hasta qué punto los temblores eran de origen natural o fueron forzados por la actividad del almacén gasístico. El primer informe parece que se decanta por la segunda explicación.
¿Y ahora qué? Las voces que ya han pedido el cierre de la instalación suenan a precipitadas. Primero, porque los científicos no aconsejan cómo debe actuar el Gobierno, se conforman con determinar el origen de los seísmos. Segundo, porque el cierre no es nada sencillo.
A pesar de los denodados intentos del Ministerio de Industria por librarse de ello, los jueces han reiterado la obligación del Estado de pagar a la empresa concesionaria el valor neto de la inversión (casi 1.700 millones de euros) o, en todo caso, su valor residual (que no dista mucho del neto) si se confirma algún tipo de dolo o negligencia en las obras. Lo que ahora se está sustanciando es si tendremos que pagar de nuestros bolsillos la totalidad de la faena o solo una parte.
Se antoja difícil, tras sentencia en contra del Tribunal Supremo en octubre de 2013, que el Gobierno encuentre el modo de liberarse del pago.
Para colmo, el cierre de la instalación dista de ser una actuación sencilla. No consiste en llegar con un par de operarios y darle la vuelta a la llave. ¿Qué se hace con el gas ya inyectado? ¿La extracción de ese gas podría ser tan peligrosa como su inyección? ¿Qué ocurre con la infraestructura construida? ¿Se abandona en medio del mar como monumento al despilfarro? ¿Se convierte en un Algarrobico de tubos y metales para solaz de peces y algas?
Por último, sea cual fuere la decisión, el meollo del asunto sigue sin resolverse: ¿podemos prescindir de instalaciones de este tipo? Está en juego nuestra independencia energética, nuestra capacidad de crecimiento y el futuro de muchas generaciones. ¿No nos hace falta un Castor como agua de mayo?
No sería una locura que tras recibir todos los informes hubiese un cuarto dictamen que terminara de cerrar el círculo: un estudio de coste-oportunidad sobre el mantenimiento de Castor, quizás con algunas modificaciones del proyecto inicial que garanticen su seguridad. Dentro de los umbrales de garantías que permite cualquier instalación energética, que distan mucho del 100 por 100.
Una cosa si está clara, transparente, cristalina... Quién va a pagar la fiesta. Usted y yo.