España cuenta con más de 20.000 entidades públicas, entre sociedades mercantiles, consorcios o fundaciones tanto a nivel estatal, como autonómico y local. Y lo grave, más allá de su abultado número, es que el control de sus cuentas es escaso o prácticamente nulo, según REA+REGA Auditores, el órgano especializado del Consejo General de Economistas que representa a la mayoría de los profesionales de la auditoría. En concreto, dichos expertos indican que, si bien la supervisión suele ser alta a nivel de Estado, es baja en el ámbito autonómica y mínima a nivel local.
Éstas son algunas de las principales conclusiones que ha arrojado la II Jornada de Auditoría del Sector Público, en la que han participado los presidentes de organismos de control externo autonómico de diferentes regiones, entre ellas de Andalucía, Castilla-La Mancha y País Vasco, miembros del Tribunal de Cuentas europeo, representantes de las corporaciones locales y del Congreso de los Diputados, para debatir sobre la nueva Ley de Transparencia.
José Carlos Alcalde Fernández, Interventor General de la Administración del Estado, ha resaltado "la labor de los órganos de control y en especial de la auditoría pública como un elemento esencial para la mejora de la transparencia de las cuentas públicas".
Sin embargo, Carlos Puig de Travy, presidente de REA+REGA, ha dicho que "se hace necesario un proceso de mayor fiscalización del Sector Público, por medio de auditorías, ya que existen más de 20.000 entidades públicas; que en el ámbito estatal su grado de control es alto, en el ámbito autonómico es bajo y en el local es mínimo".
Por un lado, en el ámbito estatal se dejan fuera de control determinados consorcios, fondos sin personalidad jurídica, organismos autónomos y algunas sociedades mercantiles por su tamaño reducido. Mientras, en las CCAA se dejan fuera de control individualizado muchas unidades de gestión de las áreas de sanidad y educación, además de algunas sociedades mercantiles, aunque la mayor carencia de control está en fundaciones y consorcios.
Sin embargo, en el ámbito local es donde esta debilidad es de una "magnitud realmente grave", tanto en Ayuntamientos (el 86% son de menos de 5.000 habitantes y tiene una carencia manifiesta de control), como en entidades de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones.
Las entidades locales tienen la obligación de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, pero se dan muchas y variadas incidencias. Así, en algunos casos la cuenta general se presenta de forma incompleta y no incluye organismos autónomos o sociedades mercantiles de capital íntegro municipal.
Este hecho es muy importante ya que cada vez un volumen mayor de recursos públicos lo gestionan sociedades mercantiles, consorcios o fundaciones, que "constituyen auténticas administraciones paralelas, que se justifican por su mayor agilidad y flexibilidad de gestión, pero en realidad se constituyen para eludir el control", según advierten los auditores.
Opacidad y descontrol de cuentas
A este respecto, Emilio Álvarez, coordinador de la Jornada, ha explicado que "a veces las cuentas rendidas no incorporan la totalidad de documentos preceptivos". En general, "los niveles de incumplimiento son elevados y más cuanto menor tamaño tenga la entidad", añade. De hecho, alerta que en las CCAA donde no hay órganos de control externo (Ocex) "la falta de rendición de cuentas de municipios inferiores a 5.000 habitantes ha sido una constante".
Por su parte, Ramón Madrid, vicepresidente de REA+REGA, ha dicho que "un ámbito de gestión pública muy importante es el relativo a las subvenciones públicas, incluyendo también aquellas que provienen de la Unión Europea, por el enorme nivel de fondos que aglutina".
Ello implica la necesidad de un "control externo riguroso, en el que existe ya un camino de colaboración con firmas privadas, ya que el beneficiario debe aportar toda la documentación necesaria y justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos".
Por último, ante la insuficiencia de medios, los expertos coinciden en que se requiere cada vez más una "colaboración estrecha entre los organismos públicos encargados del control (Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo, Intervenciones del Estado, de las CCAA y las Intervenciones de las Corporaciones Locales) y los auditores privados".