El discurso oficial asegura que la economía española está mejor que hace dos años y medio. Crece, crea empleo y ha dejado atrás el fantasma de la quiebra soberana. El Gobierno está dispuesto a capitalizar esta mejoría. Cuando en diciembre de 2011 Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, el panorama era muy preocupante. En el último año de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, España había entrado en una segunda fase de recesión, con crecimientos negativos, el paro crecía a un ritmo de medio millón de personas al año y en los mercados sólo se hablaba de cuándo tendría que pedir el Gobierno la asistencia financiera (rescate) de la UE.
Evidentemente, con una tasa de paro cercana al 26% nadie puede echar las campanas al vuelo, pero el optimismo es predominante en los despachos oficiales. Y no sólo en Madrid. Este miércoles, la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) publicaban su primer informe sobre España tras el fin del rescate bancario. La lectura conjunta de dicho documento, junto con las perspectivas de crecimiento para este año y el que viene, podría decirse que es más bien positiva.
En Bruselas y en Fráncfort celebran los esfuerzos hechos para "corregir los desequilibrios, estabilizar el mercado de trabajo, reforzar las finanzas públicas y apoyar al sistema financiero". ¿Los resultados? Una previsión de crecimiento del 1,1% para 2014 y del 2,1% para 2015, junto a una caída de la tasa de desempleo acumulada de casi dos puntos y medio en los próximos dos ejercicios.
Si sólo atendemos a esta parte del informe, todo pinta de color de rosa. El problema es que los autores también dan un toque de atención al Gobierno. Y no son los únicos. En las últimas semanas, todos los organismos internacionales que se han pronunciado sobre la economía española han coincidido en su diagnóstico: admiten que existe una mejoría evidente, pero también alertan acerca de las debilidades que todavía existen y aseguran que, si no se corrigen, se corre el riesgo de que la recuperación sea débil y poco pronunciada.
A comienzos de marzo fue Christine Lagarde, directora gerente del FMI, la que, en su visita a España, pidió profundizar en las reformas del mercado de trabajo, mantener el proceso de desapalancamiento de la economía y reforzar las medidas liberalizadoras en los diferentes sectores. Hace unos días, la OCDE revisaba al alza sus perspectivas para España, al mismo tiempo que alertaba sobre una recuperación "lenta y débil" y pedía "más reformas" para la creación de empleo. Ahora le toca el turno a la Comisión y al BCE.
Y no están solos. Los medios de comunicación internacionales mantienen un discursos muy parecido. The Economist alertaba hace unas semanas a los periféricos: "Los gobiernos de estos países han sido más bien torpes y reformas estructurales como la liberalización del mercado de trabajo o la desregulación de determinadas industrias protegidas carecen de la radicalidad suficiente como para acelerar su crecimiento". Y The Wall Street Journal se despachaba esta semana con un análisis titulado "La recuperación de Rajoy" en el que aseguraba que "España necesita reformas de verdad, y no crédito barato, para impulsar el crecimiento".
Es sorprendente encontrar tantas semejanzas en lugares tan dispares. No es sólo que estén a favor o en contra de tal o cual medida, es que el diagnóstico y las propuestas son muy similares. Básicamente, lo que todos estos análisis piden es que se aproveche el impulso de estos dos años para acometer reformas estructurales en dos campos en los que la economía española está muy alejada de sus vecinos europeos. Y que no se acabe con el ajuste en el gasto público, porque el problema del déficit y la deuda sigue ahí, muy presente.
Probablemente, sea en el mercado de trabajo donde pueda encontrarse una mayor unanimidad. La reforma de 2012 es valorada de forma positiva, en general, pero todos estos organismos piden un paso (o varios) más. En cuestiones laborales, la legislación española sigue siendo muy rígida. Por eso, se piden modificaciones en políticas activas de empleo, en el esquema de subsidios y en las modalidades de contratación. Son los tres intocables del mercado laboral, un clásico ya en los informes sobre España, pero que a los que ningún Gobierno acaba nunca de enfrentarse.
En segundo lugar, los analistas piden liberalizaciones en los mercados. El objetivo es que sea más sencillo no sólo montar una empresa, sino luego mantenerla en el tiempo, competir y cambiar según las necesidades del negocio. En este sentido, el BCE y la Comisión se quejan de que "se ha retrasado la adopción de la ley de servicios y asociaciones profesionales" y deslizan el temor a que lo que finalmente se apruebe sea "menos ambicioso de lo originalmente planeado".
Ahora, la pregunta es si el Gobierno se enfrentará a una oleada de reformas tras dos años y medio de legislatura. Parece complicado que se aprueben ahora, a las puertas de varias elecciones decisivas, cambios que no se han hecho con el impulso de los primeros meses en el poder. Este miércoles, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado un nuevo "programa de reactivación económica". ¿Qué significa esto? No hay detalles. La cuestión es si será suficiente para contentar a la UE, al BCE, al FMI, a la OCDE, a The Economist o al WSJ. No será una tarea sencilla.