El PP de Mariano Rajoy ha centrado casi toda su acción de Gobierno en la economía bajo el argumento de que la crisis era, y sigue siendo, el principal problema que afronta el país. Pero las escasísimas medidas que ha aplicado en este ámbito son, si cabe, la prueba más evidente de la profunda y crónica inacción que tanto caracteriza al presidente del Ejecutivo. Hoy, España crece y crea mínimamente empleo, es cierto. De hecho, las agencias de calificación han mejorado levemente la nota crediticia de España, si bien ésta se mantiene todavía muy próxima al bono basura. Sin embargo, esta tenue recuperación poco o nada tiene que ver con la tímida e insuficiente política de reformas que tanto se empeñan en vender los populares y sí mucho con el esfuerzo que han llevado a cabo las familias y las empresas para amortizar deuda y mejorar la productividad, a pesar de las enormes trabas regulatorias y fiscales que sigue imponiendo el Gobierno. Además, el drástico desplome que ha protagonizado la prima de riesgo, con el consiguiente abaratamiento de la financiación estatal, está directamente relacionada con la promesa de rescate soberano que lanzó en su día el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. No en vano, la deuda de Italia, Portugal, Irlanda e incluso Grecia han evolucionado de forma similar a la española después de que la entidad monetaria garantizara a mediados de 2012 que el euro no se rompería.
El problema de fondo es que el Gobierno se ha agarrado como un clavo ardiendo al repunte de la economía para instalarse en la cómoda y engañosa posición que otorga el triunfalismo y la complacencia. Rajoy se conforma con el ridículo recorte de gasto público acometido en estos dos años, sin afrontar en ningún caso la profunda reestructuración que precisa el sobredimensionado sector público, especialmente en el ámbito de las comunidades autónomas. La deuda pública avanza sin freno hacia el 100% del PIB y el déficit sigue rondando el 7%, a la cabeza de la UE. Asimismo, vende a la opinión pública una supuesta rebaja de impuestos para 2015, sin reparar lo más mínimo en que fue él quien disparó la fiscalidad hasta máximos históricos. Y, lo que es aún peor, se niega a poner en marcha una segunda reforma laboral para flexibilizar de verdad el anquilosado y rígido mercado de trabajo que sigue padeciendo España. Esta política de brazos cruzados, consistente en hacer lo mínimo posible para no perder votos y no molestar en exceso a partidos políticos y sindicatos, pasará una elevada factura tarde o temprano. Rajoy se limita a mantener el statu quo, conservando así buena parte de los graves defectos estructurales que padece el país, tales como la deficiente organización territorial, el insostenible Estado del Bienestar o las enormes dificultades para crear riqueza y empleo sobre bases verdaderamente sólidas y estables.
No es de extrañar, por tanto, que medios de gran prestigio internacional como The Wall Street Journal adviertan a Mariano Rajoy de que, muy al contrario de lo que pregona, está casi todo por hacer en materia económica. En concreto, pide al Gobierno que ponga en marcha "reformas reales" para impulsar el crecimiento y la inversión en lugar de confiar en el espejismo del "crédito barato y el consumo", cuyas patas son muy cortas y endebles. Lo mismo sucede con Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, quien ha arengado al Ejecutivo a emprender una profunda reforma laboral para combatir eficazmente la intolerable tasa de paro que sufre el país. Reducir el salario mínimo para facilitar la contratación de los parados menos cualificados, mejorar las políticas activas de empleo, aproximar la negociación colectiva al nivel de cada empresa o rebajar de forma sustancial los impuestos son medidas impopulares, pero no menos urgentes e imprescindibles para acelerar la salida de la crisis. Por desgracia, todo apunta a que el presidente seguirá haciendo oídos sordos. Su estretagia política es bien sencilla: no hacer nada hasta que no quede más remedio.