El pasado 22 de diciembre, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 16/2013 de Medidas para ofrecer la Contratación Estable y Mejorar la Empleabilidad de los Trabajadores. El punto más polémico de la norma ha sido que las empresas estarán obligadas a cotizar por las retribuciones en especie.
Así, si nada lo remedia, a partir del 31 de mayo, los empresarios tendrán que incluir en la base de cotización de sus empleados conceptos tales como los tickets restaurante, el plus de transporte o el seguro médico, hasta ahora exentos.
Después de analizar el texto, la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la CEOE exigieron al Gobierno, de forma unánime, la retirada de la norma. La patronal aseguraba que "una iniciativa que afecta a las contribuciones sociales de empresarios y trabajadores debería haber estado precedida de una consulta, como es habitual en este ámbito, y no haber sido aprobada de forma precipitada, como ha sucedido en este caso, especialmente cuando el coste puede representar, como mínimo, un punto de cotización de Seguridad Social".
La CEOE denunciaba que el "incremento continuo" que se está produciendo en las cotizaciones sociales con estas medidas y con el incremento del 5% de las bases máximas mina la competitividad de las empresas y pone en peligro la incipiente recuperación".
Pero no sólo la patronal de los empresarios criticaba la medida del Ejecutivo, la Asociación Española de Emisores de Vales de Comida y Otros Servicios (Aeevcos) también cargaba contra la obligación de tributar por las retribuciones en especie y vaticinaba que "cotizar por los vales de comida destruiría 10.000 empleos en restauración y recortaría en 500 millones de euros su facturación".
Actualmente, en España cerca de 600.000 empleados reciben ticket restaurante como complemento a su salario, lo que supone el 17,5% de la facturación total del sector de la restauración. Según los cálculos de Aeevcos, de ponerse en marcha la iniciativa, los establecimientos perderían 275.400 clientes diarios y 48 millones de comidas anuales.
Tras las reprobaciones de los colectivos afectados, que incluso han aceptado que coticen algunas de las categorías incluidas en las retribuciones en especie, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, vaciló y aseguró que el Gobierno incluiría "retoques y precisiones" en el nuevo reglamento. Pero, la semana pasada, Burgos se desdecía de sus palabras y afirmaba que "no vamos a cambiar la norma", cerrando así la puerta a cualquier introducción de cambios.
Elevará los costes laborales
La CEOE publicó este miécoles el Informe Trimestral de la Economía Española, en el que dedica un apartado a este asunto. En el primer análisis propio de la patronal, se desvela que el impacto de esta medida elevará los costes laborales, como mínimo, un 0,2%. Las cotizaciones de los pagos en especie supondrán un perjuicio para "la competitividad de las empresas, sin que ello suponga una mejora en la retribución líquida que perciben los empleados, sino más bien lo contrario porque los trabajadores también pagan una cotización a la Seguridad Social", señala el texto.
El Gobierno respaldaba la implantación de esta medida alegando que su puesta en marcha le reportaría al Estado unos ingresos adicionales de 900 millones de euros anuales. La práctica "cada vez más extendida" de abonar una parte del salario en otro tipo de conceptos distintos al puramente monetarios supone la imposición de una "carga injusta" sobre el sistema de la Seguridad Social, aseguraba Burgos. Para la CEOE, el dato está infravalorado y la recaudación del Estado "superará ampliamente esta cifra, llegando incluso casi a duplicarla", de modo que rondaría los 1.800 millones de euros.
A partir de los datos de remuneración de asalariados de la Contabilidad Nacional Trimestral, concepto que incluye las cotizaciones sociales, y los 900 millones de aumento de recaudación, la patronal estima que "sólo esta medida ya supone un aumento del coste laboral del 0,2% como mínimo".
Además, a esta cifra habría que añadir el incremento salarial que se aplique en cada empresa o sector económico. No obstante, como todavía no se conocen los datos reales de la recaudación, los expertos calculan que "cada 466 millones de euros de recaudación adicional debido al incremento de las cotizaciones por estos conceptos, conllevará un aumento de 0,1 puntos porcentuales en el coste laboral".
Por todo esto, la patronal avisa de que "en un momento en el que la economía española enfila el camino de la recuperación y de la creación de empleo, aunque de forma incipiente, la subida de las cotizaciones y el consiguiente aumento del coste laboral supone una barrera, no solo para la mejora de la competitividad de la economía española en su conjunto, sino para aquellos sectores o empresas con mejores perspectivas de crecimiento y que podrían comenzar a negociar subidas salariales de mayor cuantía o incluso aumentar su plantilla".
Además, el informe destaca que las cotizaciones que pagan los empresarios españoles por sus empleados "son relativamente elevadas en relación con nuestros socios de la Eurozona". Y es que, según los datos de Eurostat, España es el sexto país de la Unión Europea (UE) con las cotizaciones sociales más altas de la Eurozona en porcentaje del PIB. Sólo por Francia, Estonia, Italia, Finlandia y Bélgica superan a nuestro país. En España, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas suponen el 8,5% del PIB, cifra superior a la media de la Eurozona y del conjunto de la UE que se sitúan en el 6,8 y el 6,4% del PIB, respectivamente.
