El primer ministro francés, Manuel Valls, provocó este miércoles una sacudida política al concretar el plan de ajuste del gasto público, en particular porque afectará a los sueldos de los funcionarios, a las pensiones y a las prestaciones sociales, que van a quedar congelados.
Valls, en una declaración pública sin preguntas al término del Consejo de Ministros, detalló el plan de reducción del gasto en 50.000 millones de euros (unos 69.000 millones de dólares) en los tres próximos años, destinado en primer lugar a financiar el llamado "pacto de responsabilidad" para reducir masivamente las cotizaciones sociales que pagan las empresas para mejorar su competitividad.
Con ese "pacto de responsabilidad" -señaló- se trata de "bajar el costo del trabajo" para "dar al tejido económico la capacidad para afrontar mejor la competencia, desarrollar mejor sus actividades y ponerse a contratar, sin que sea necesario cuestionar nuestras reglas sociales, en particular el salario mínimo". Una alusión directa a la propuesta lanzada ayer por el presidente de la patronal, Pierre Gattaz, que propuso la creación de una retribución por debajo del nivel del salario mínimo para jóvenes o personas que llevan mucho tiempo alejadas del mundo laboral, pero con carácter temporal.
Pero la parte que más caló de los anuncios del primer ministro socialista fue que se van a congelar los sueldos de los funcionarios, y que lo mismo ocurrirá hasta octubre de 2015 con las pensiones, salvo las más bajas, y con las prestaciones sociales, a excepción de las de subsistencia.
"No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", señaló Valls, que recordó que el gasto público en Francia representa el 57 por ciento del producto interior bruto (PIB), y que la deuda, que era del 50 % del PIB en 2002, había subido al 90 % al terminar el mandato del presidente conservador Nicolas Sarkozy en mayo de 2012, y ahora es superior.
Garantizó que Francia cumplirá sus compromisos de disminución del déficit público, y lo justificó no porque sea una imposición de las instancias europeas, sino porque "es la base de la credibilidad y de la confianza", y también para obtener "margen de maniobra para invertir" y asegurar el futuro del "modelo social" francés.
Valls indicó que el número de funcionarios seguirá disminuyendo, salvo en la educación, la seguridad y la justicia, y que se recortarán las dotaciones para la sanidad pública en 10.000 millones de euros en el periodo 2015-201 (unos 13.800 millones de dólares). Aseguró que eso no se traducirá ni en una reducción de la cobertura de los pacientes ni de la calidad de la atención, sino en medidas como la cirugía ambulatoria, es decir altas hospitalarias el mismo día que se hace una operación, en un mayor recurso a los medicamentos genéricos y en mayor control de las recetas.
Las palabras de Valls provocaron una reacción virulenta del ala más izquierdista del mismo Partido Socialista (PS), algunos de cuyos miembros advirtieron de que no votarán esas medidas cuando se sometan a la Asamblea Nacional el próximo día 30. Así, el diputado socialista Christian Paul señaló que no habían sido elegidos en los comicios de 2012 "para organizar el empobrecimiento de los franceses más modestos" y que "estas propuestas son, tal cual, inaceptables".
En la misma línea, la senadora del PS Marie Noelle Liennemann denunció que el dispositivo constituye "una aberración socialmente inaceptable", además de ser "lo mismo que se hizo en los países del sur de Europa, y que ha sido una catástrofe". En reacción a este viento de revuelta, el jefe de los diputados socialistas, Bruno Le Roux, pidió a sus tropas que "guarden sus nervios" e insistió en que aunque un plan de ajuste "nunca es algo agradable, estas decisiones vienen dictadas por la justicia".
Desde los sindicatos, las críticas fueron todavía más duras. El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Thierry Lepaon, advirtió de que "con este pacto de austeridad" que prepara el Gobierno se avanza hacia "un empobrecimiento de las francesas y los francesas".
En la conservadora Unión por una Movimiento Popular (UMP), la crítica llegó por boca del diputado Hervé Mariton, quien atacó la congelación del salario de los funcionarios, que hará bajar su poder adquisitivo, y señaló que la prioridad tendría que ser que haya menos empleados públicos. Sin sorpresas, el ultraderechista Frente Nacional (FN), por boca de su diputado Gilbert Collard, afirmó que el programa de Valls viene dictado por Europa.