La profunda crisis que atraviesa España ha alimentado numerosas publicaciones y estudios relacionados con el bienestar y el desarrollo socioeconómico de nuestro país. De acuerdo con estas estimaciones, el impacto de la Gran Recesión ha sido tan hondo que buena parte de la población española vive en la "pobreza", pero la metodología que emplean incluye numerosas trampas.
¿Están en lo cierto quienes defienden estas tesis? Todo depende del criterio que sigamos a la hora de explicar el bienestar. Por ejemplo, si acudimos al Índice de Desarrollo Humano de la ONU encontramos que nuestro país ocupa el puesto 23 de la tabla, claramente enmarcado entre las sociedades más prósperas del mundo.
Las tres grandes variables que mide este indicador de la ONU son la salud, la educación y los ingresos. Pues bien, este indicador se ha mantenido constante a lo largo de la crisis (en el entorno de 0,885 puntos para una escala máxima de 1). Analizando los treinta últimos años, vemos que España ha mejorado de forma sostenida su puntuación.
Es significativo que la puntuación de España es aún mejor cuando se ajustan los datos para considerar la desigualdad de ingresos o la igualdad hombre-mujer. En el primer caso, España sube al puesto 20; en el segundo, nuestro país alcanza el número 15. Esto vendría a desmentir que nuestro país sufra un problema significativo en cualquiera de estos dos campos (desigualdad de ingresos e igualdad hombre-mujer).
El 3% de la población, sin rentas
El informe de la ONU no calcula ninguna tasa de pobreza multidimensional para España, entendiendo que el grado de desarrollo que ha alcanzado el país no afecta a este tipo de indicador. Sin embargo, es evidente que la presente crisis económica está generando situaciones de gran dificultad económica en numerosos hogares.
Por ejemplo, si calculamos el número de familias que no tiene ningún tipo de ingreso, llegamos a un total de 500.000, un aumento significativo frente a los 300.000 de 2007. Algunos informes elevan la cifra a 700.000, pero este cálculo incluye un dato engañoso, ya que engloba también a aquellos hogares que sí reciben subsidios asistenciales (rentas mínimas). Esta categoría es hoy de más de 200.000 personas, el doble que en 2007-2008. Llama la atención, eso sí, que estos subsidios crecieron incluso en años de bonanza, ya que en 1996 llegaban a menos de 75.000 españoles.
Así las cosas, ¿cuántas personas se ven afectadas? Asumiendo el criterio estadístico habitual de tres personas por hogar, hablamos de 1,5 millones de españoles en una situación de carestía. Esta cifra supone el 3% de la población española (estimada en 2013 en 46,7 millones de personas).
El Índice de Desarrollo Humano aplicado a este 3% de la población española registraría, por tanto, una puntuación de "0" en la categoría de ingresos. Sin embargo, las otras dos categorías consideradas por el informe (salud y educación) suman respectivamente 0,973 y 0,871 puntos. Esto significa que el IDH de los españoles sin ingresos alcanza una puntuación media de 0,614 puntos, lo que significa que dicho grupo de población enfrenta un grado de desarrollo "medio" frente al nivel "alto" que alcanza España en su puntuación general.
Acudiendo a diferentes estudios, podemos comprobar que este cálculo no va desencaminado. Según los datos de la Encuesta de Población Activa publicados en los últimos años, el porcentaje de hogares sin ingresos ha oscilado entre el 1,96% y el 3,95%. Acudiendo a los informes de Eurostat comprobamos que la ratio de españoles que sufre una "privación material severa" se ha movido entre el 3,5% y el 5,8% desde el estallido de la Gran Recesión.
Considerando todo lo anterior, la tasa de pobreza real para España sería superior al 3% e inferior al 6%, cifras claramente inferiores a los estudios que normalmente ubican este indicador por encima del 20%.
Responder a esta situación con una especie de ingreso mínimo para todas esas personas supondría un desembolso cercano al 0,25% del PIB. Dicho esfuerzo adicional podría ser asumido por el sector privado, si bien conviene recordar que familias y empresas entregan a Hacienda el 38% del PIB en concepto de impuestos y gravámenes.
Si el sector público (que gasta anualmente el 44% del PIB) decidiese presupuestar el desembolso necesario para garantizar ese ingreso mínimo, la fórmula más recomendable pasaría por imitar programas asistenciales que en vez de centrarse en transferir dinero apuestan por un enfoque condicional en el que la ayuda en especie y el seguimiento de objetivos tienen un peso significativo.
El maximalismo en la medición de la pobreza
Por supuesto, numerosos informes estiman que el dato de pobreza que debemos manejar en el caso de España no se reduce a 1,5 millones de personas, sino que alcanza a un porcentaje de la población superior al 20%. Sin embargo, hay muchas objeciones que se pueden hacer a este criterio.
La más significativa tiene que ver con el análisis de la pobreza en términos relativos. Muchos informes hablan de pobreza incluyendo en esta categoría a personas que tienen un salario menor al 50% de la renta media. Sin embargo, el umbral de pobreza fijado por la Encuesta de Condiciones de Vida es un indicador absoluto y más fiable, ubicado en la actualidad en 5.500 euros al año. Ni que decir tiene que la tasa de pobreza no suele medirse dependiendo de cuántos españoles están por encima o por debajo de dicho umbral. En realidad, lo que se hace es volver a establecer comparaciones relativas, renunciando así al enfoque absoluto.
Hay otros problemas analíticos que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, los mismos informes que elevan al 20% la tasa nacional de pobreza incluyen aquí a numerosos jóvenes que no tienen ingresos. Dicho grupo supone hasta el 40% de la cifra total. Sin embargo, es habitual que este colectivo resida en el hogar familiar o cuente con apoyos similares, lo que anula totalmente o, al menos, suaviza significativamente la incidencia de la pobreza.
A nivel internacional, numerosos estudios muestran que la progresiva apertura hacia el capitalismo se ha traducido en un descenso de la pobreza. También en España llegamos a conclusiones similares cuando analizamos la incidencia de la pobreza o el peso de la economía sumergida. En general, aquellas regiones que mantienen instituciones más favorables para el desarrollo del sector privado son también las autonomías con menos pobreza y menos actividad informal.