Nicolás Maduro va a por la vivienda de los venezolanos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela decretó el pasado lunes que aquellos inmuebles alquilados desde hace 20 años, deberán venderse a sus arrendatarios en un plazo máximo de 60 días. Como se hace eco El Universal, la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas inició la cuenta atrás el pasado 28 de marzo.
En el caso de que los legítimos propietarios del inmueble se nieguen a malvender su vivienda, la burocracia venezolana tomará represalias y multará con 2.000 Unidades Tributarias, equivalentes a 254.000 bolívares -29.000 euros- que deberán ser abonados antes de cinco días. Si no se pagará la sanción, el gobierno de Venezuela doblaría la multa de casi 60.000 euros. Por último, si el propietario persistiera en su conducta de proteger sus bienes legítimos, la Superintendencia de Arrendamiento solicitaría directamente el embargo.
De esta forma, el presidente Nicolás Maduro expropiará a toda aquella persona que posea una vivienda en alquiler. La obligación a los arrendatarios de la venta del inmueble producirá una indefensión absoluta, ya que los compradores podrán proponer precios irrisorios al no existir más interesados en la compra que ellos. El propietario deberá ajustarse al "valor justo de la vivienda" determinado por el Gobierno Bolivariano, por medio de un formulario donde deberán aportar, entre otras cosas, el documento de propiedad y fotografías tanto de la vivienda, como de la fachada. Una vez realizado dicho formulario, el propietario deberá esperar cuál es el "precio justo" estimado por el Gobierno para su vivienda.
Por su parte, Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), tacha la norma de "inconstitucional, al despojar de su propiedad" a dueños legítimos. Además, Orta asegura que esta norma no se podrá llevar a cabo en muchos casos, al ser los arrendatarios personas mayores a quienes los bancos no concenden créditos. Por lo tanto, aun cumpliendo el propietario con el proceso de expropiación llevado a cabo por Maduro, éste no podrá vender en el caso de que los inquilinos del inmueble no tengan dinero.
Asimismo, según informa EFE, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha asegurado que pedirá al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del decreto. El presidente de la Cámara, Alquiles Martín Pietri, explicó el martes que la norma va en contra de la Carta Magna, ya que la Constitución prevé la confiscación y la expropiación con el respectivo pago de una indemnización, pero "no la obligación de vender y de comprar, porque en esta resolución también se está obligando al inquilino a comprar".