El mercado español podría dejar de comprar gas natural a los países extranjeros para producirlos él mismo. Pero éste será un proceso que le va a llevar su tiempo: 17 años en concreto. El sistema de abastecimiento de gas natural de España es muy particular. Nuestro país no produce gas, pero tiene un suministro muy diversificado a través de 11 países del mundo. Argelia es su principal proveedor, con un 51,6% del total de las importaciones en 2013. Al país africano le siguen Francia (12%), Qatar (11%) y Nigeria (10%).
Actualmente, a España el gas le llega por dos vías: por gasoductos y por barco en forma de gas licuado. Según el Análisis del impacto del desarrollo de la exploración y producción de hidrocarburos en la economía española, elaborado por Deloitte, la clave para que nuestro país cambie de papel en el mercado energético mundial está en el fracking. El fracking, o fracturación hidráulica, es una práctica que consiste en la inyección de algún tipo de material en el subsuelo terrestre y marino para ampliar las fracturas de las rocas que contienen gas o petróleo.
El objetivo del estudio es determinar el potencial impacto en la economía nacional que tendría el desarrollo de la exploración y producción de hidrocarburos, "asumiendo una predisposición favorable de todos los agentes involucrados y la ausencia de retrasos administrativos en la tramitación de autorizaciones, de modificaciones regulatorias contrarias al desarrollo de la actividad y de impedimentos de tipo económico". Así, el estudio establece tres supuestos en la obtención de recursos de gas y petróleo: alto, medio y bajo.
Respecto al gas, en cualquiera de los tres casos, su extracción del subsuelo le otorgaría a España un saldo positivo en su balanza comercial. Tal y como se observa en el gráfico, se estima que la demanda de gas natural se incremente hasta el año 2025, seguida de una ligera caída y se mantenga finalmente cercana a los 235 Mboe (millón de barriles) hasta el año 2065.
Según el modelo del estudio, la producción de gas natural asociada a los nuevos recursos comenzaría en 2021, viéndose reducido el volumen necesario de importaciones progresivamente. En el año 2031, la producción interna superaría al consumo nacional permitiendo a España pasar a exportar el excedente de gas natural producido durante un periodo aproximado de 20 años.
En el caso del petróleo, el informe muestra un impacto más moderado, ya que el peso del crudo sobre el total de la producción es muy inferior al del gas natural. El mejor dato que se observa en el gráfico se obtiene entre los años 2040 y 2045, cuando las importaciones de petróleo llegarían a reducirse en más de un 20%.
Otro de los aspectos positivos que recuerda el informe, es que el fracking podría conllevar a una reducción de los precios a nivel local, mejorando la competitividad del tejido industrial, especialmente en aquellos sectores que son intensivos en consumo de hidrocarburos. El texto pone de ejemplo a EEUU, un mercado donde el rápido desarrollo de los recursos no convencionales que viene desarrollándose desde los primeros años de la anterior década. "Está teniendo efectos muy relevantes sobre su economía y ha contribuido a una reducción local de los precios de los hidrocarburos, especialmente del gas natural", explica.
Industria avala el 'fracking'
El informe también recomienda el "comienzo inmediato" de exploración y caracterización de los recursos prospectivos para sacar el máximo rendimiento a los recursos españoles. Aunque, teniendo en cuenta en conflicto en Canarias y Baleares, todo apunta que llevar a cabo esta sugerencia será casi imposible.
El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, dijo el pasado lunes que "uno de los objetivos del Gobierno en materia de Energía era impulsar la investigación de hidrocarburos y diseñar planes de viabilidad para su explotación". Hernández dijo también que los trabajos se iniciarán una vez que se lleve a cabo "una evaluación del impacto ambiental".
Pero a mediados de 2013 su ministerio sacó a información pública el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y los informes de implantación de los sondeos de prospecciones petroleras en Canarias, y todavía no se ha resulto nada. De hecho, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó en febrero, con la oposición del PP, pedir al Estado la convocatoria en el archipiélago de una consulta popular sobre las prospecciones.
Otras CCAA, como Cantabria o Cataluña, ya han elaborado normas autonómicas para prohibir el fracking. Algo que, según el Consejo de Estado "no puede decidir una comunidad autónoma" y podría conllevar "motivos adicionales sobrevenidos de inconstitucionalidad".
Ante estos conflictos con las autonomías, Enrique Hernández Bento, se ha limitado a declarar que "el Ministerio tiene que defender el interés general de España y los presidentes autonómicos defienden el interés general de su comunidad autónoma y están en su derecho".