La última normativa del sector eléctrico aprobada el pasado mes de diciembre, que sustituye a la de 1997, ha hecho temblar los cimientos de las industrias del régimen especial (renovables, cogeneración y los residuos) que ven peligrar los privilegios que vienen recibiendo vía subvenciones desde al año 1998.
Pero si tenemos en cuenta el montante que ha recibido este grupo "especial" de productores energéticos desde hace 16 años, los que deberían echarse a temblar son los contribuyentes. Hasta 2013, este régimen ha recibido la friolera de 50.000 millones de euros en concepto de primas. Otro dato escandaloso es que entre 2005 y 2013 las subvenciones aumentaron en un 800%, según las cifras del propio Ministerio de Industria.
Ahora, hay una deuda de 30.000 millones que contribuyentes y consumidores deben devolver. Una de las fórmulas que va a usar Industria para acabar con ese montante es poner fin al sistema actual de primas a las renovables, para que "asegure la sostenibilidad económica y financiera del sistema".
En el texto se establece un cambio retributivo para estas tecnologías que ya no dependerá de la cantidad de energía producida, sino de ratios de eficiencia y eficacia. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido la primera en valorar "favorablemente" la Ley 24/2013, especialmente porque "minimizará el coste final par el consumidor".
A ninguna industria del régimen especial parece haberle gustado el anuncio de Soria. Tanto es así, que ya han comenzado a hacer sus cálculos mientras se van conociendo los detalles de las nuevas retribuciones que se establecerán. Ayer jueves, le tocó el turno a las industrias que utilizan la cogeneración en su sistema productivo.
¿Qué es la cogeneración?
La cogeneración es un procedimiento que, a través de la utilización de energía primaria (como puede ser el gas natural) genera electricidad y energía térmica: vapor, agua caliente, aceite térmico, agua fría para refrigeración... Este sistema tiene muchas ventajas para las industrias que dependen de la energía térmica, ya que, en un mismo proceso, aprovechan tanto el calor como la electricidad, lo que les supone un ahorro de costes. Además, las plantas de cogeneración se instalan muy cerca de las fábricas, lo que evita que tengan que incurrir en costes de transporte de energía. Otro aspecto positivo es que muchas veces se producen excedentes en la energía eléctrica que luego venden a la red.
La industria papelera, de alimentación, de cerámica o de vidrio, son algunos ejemplos de las que más uso hacen de la cogeneración. En España, hay más de 900 instalaciones que generan más de 4.500 empleos directos , cerca de 7.000 puestos de trabajo indirectos adicionales y que producen el 12% de la energía eléctrica del país.
Pero la inversión inicial necesaria para montar una planta de cogeneración al lado de una fábrica no es rentable, necesita la ayuda del Estado. Ahora, a todas ellas la ley les va a obligar a tener "una rentabilidad razonable que garantice que cubren los costes que permitan competir a las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado". Un requisito que no creen que vayan a poder conseguir.
Y es que la cogeneración ingresó sólo en el primer semestre del pasado año 1.122 millones de euros en primas, la segunda tecnología que más subvenciones recibió tras las renovables (1.489 millones) ¿Qué va a pasar si es Gobierno le retira 1.000 millones en retribuciones como tiene pensado?
Pánico en el sector
Los representantes de las industrias de azulejos, papeleras, de alimentación, de ladrillos y del sector agrarios, afirmaron ayer en rueda de prensa que la Orden Ministerial que desarrolla la Ley del Sector Eléctrico hace "inviable" la cogeneración y algunos de los sectores a los que representan.
Además de la disminución de las subvenciones directas, el Gobierno quiere implantar límites a las horas de funcionamiento de las plantas de cogeneración y fijar niveles de precios y de compensación menores a los actualmente establecidos. Las patronales afirman a Libre Mercado que la última Orden ministerial tendrá un impacto en sus cuentas de 660 millones de euros, "que sumados al impacto de las normas que se han ido introduciendo en España desde 2012 y a las subidas de impuestos al gas alcanza los 1.032 millones de euros", afirman.
Los afectados critican que el Gobierno se comprometiese en su día con una normativa "que ahora no puede cumplir, con el alto coste de la inversión que hemos asumido". Afirman, que si se lleva a cabo la Orden Ministerial, "la inmensa mayoría de las plantas entrarían en pérdidas operativas e irían a la quiebra", señalan.
Las industrias amenazan con que, de llevarse a cabo, se producirán "deslocalizaciones y una pérdida de la capacidad exportadora que tiene el sector. "Cualquier cogeneración independiente cierra y va a la quiebra y no pasa nada, pero si pasa en la industria, esto es lo importante porque eso afecta a las fábricas y pone en peligro 70.000 empleos directos". Por todo ello han firmado un manifiesto que han remitido al ministro de Industria, José Manuel Soria para que de marcha atrás.