Mientras el sector privado acumula años de sacrificio y esfuerzo, las Administraciones Públicas siguen sin adaptarse a la realidad económica del país. Un ejemplo de esta falta de austeridad por la vía del gasto lo tenemos en la tímida senda que han seguido las Comunidades Autónomas a la hora de recortar sus empresas públicas y entidades asociadas.
Según los documentos estratégicos presentados en 2010, los gobiernos regionales estaban obligados a reducir la llamada administración paralela en 607 unidades. En esta categoría figuran empresas, entidades, fundaciones, etcétera. Pues bien, cuatro años después comprobamos que, según los informes que maneja el Ministerio de Hacienda, la ejecución del plan de reducción apenas alcanza el 30%.
En 2003, la administración paralela de las comunidades autónomas sumaba 1.743 empresas, consorcios y fundaciones, entre otros entes. Una década después, el total asciende a 2.050, un aumento del 17%. La situación era aún peor en 2010, cuando los chiringuitos autonómicos eran 2.407, un aumento del 38% frente a las cifras de hace una década.
Hay algunas comunidades que han registrado un mayor grado de cumplimiento a la hora de recortar su sector público paralelo:
- En las Islas Baleares se ha realizado el 60% del ajuste prometido.
- En Castilla-La Mancha se ha asumido el 58% del recorte esperado.
- En la Región de Murcia se ha completado el 56% del tajo anunciado.
- En la Comunidad Valenciana se ha desarrollado el 42% de las medidas publicadas.
En el mejor de los casos (Baleares), el grado de incumplimiento sigue siendo significativo (un 40%). No obstante, más escandalosa aún es la situación de otras regiones:
- En Aragón solamente se ha aplicado el 16% del programa.
- En las Islas Canarias apenas se eliminó el 15% de las entidades anunciadas.
- En Asturias se ejecutó solamente el 14% del plan.
Paraíso de la opacidad
La difusa categoría de la administración paralela incluye numerosas fórmulas organizativas que cuelgan de los Presupuestos públicos de una u otra forma. Encontramos organismos autónomos que, no obstante, toman decisiones administrativas; también hayamos numerosas organizaciones con fines comerciales, también creadas por los Ejecutivos regionales. Esta Administración también engloba a empresas públicas, entes mixtos, agencias, consorcios, fundaciones, instituciones sin ánimo de lucro, sociedades participadas, universidades…
No todos estos cuerpos y organizaciones están obligados a auditar y presentar sus cuentas. Esto genera un paraíso de la opacidad muy atractivo para desarrollar el clientelismo. La escasa fiscalización a la que están sujetos estos chiringuitos explica que, hasta el estallido de esta crisis, el debate público apenas abordase esta cuestión.
El caso de Andalucía
Aunque no es fácil estimar el número de enchufados que mantienen directa e indirectamente los gobiernos autonómicos, los cálculos del sindicato CSI-F hablan de entre 18.000 y 20.000 personas. Asumiendo un sueldo medio de 25.000 euros por cabeza, hablaríamos de una masa salarial equivalente a más de 500 millones de euros anuales.
No obstante, la opacidad administración paralela podría estar ocultando una realidad aún más significativa. Así, solamente en Andalucía se calcula que este apéndice de la Junta permite colocar a entre 26.000 y 35.000 trabajadores. El coste de la masa salarial que esconden estos chiringuitos bien puede llegar a los 1.500 millones de euros, alcanzando la mitad del dinero que inyecta cada año el Gobierno andaluz a este grupo de entidades, empresas y organizaciones.
Es importante recordar que, en plena crisis, el tamaño de la administración paralela andaluza ha crecido de forma significativa. Así, el número de personas ocupadas en estos organismos ha aumentado un 17% desde el año 2007.