El orden en una comunidad política exige de comportamientos que aseguren el mantenimiento y garantía del mismo. La autoridad está concebida, a la vez que instaurada, para que la sociedad confíe en que aquel orden será mantenido sin fisuras, precisamente para que los derechos de cada uno sean respetados y tengan la máxima eficacia.
Una noticia que me ha sorprendido estos días es que un órgano de la administración pública había advertido a Caja Madrid de que no se estaba garantizando que los suscriptores de preferentes tuvieran conocimiento suficiente de las características e implicaciones de los títulos que suscribían.
Aquel lenguaje, tan característico a la hora de la colocación, y que se concreta en expresiones tales como "disponibilidad o liquidez cuando se precise", "rendimiento o rentabilidad extraordinarios", "garantía de los títulos", etc., debían ser entendidos en su verdadera dimensión por parte de los interesados.
Yo diría algo más. Lo que tiene que ser comprendido es el contenido de la información veraz; es decir, garantía significa responsabilidad cierta y efectiva, asegurando que las obligaciones serán atendidas en la forma y plazos pactados. Son cuestiones muy elementales, pero que pueden ser tergiversadas, transmitiendo una información deficiente, confusa o incluso errónea, que lleve al cliente a tomar una decisión que nunca habría tomado caso de tener una información verídica. Y lo que digo de la garantía es aplicable a los otros aspectos de los que he hecho mención, como liquidez o rendimiento.
Se preguntarán ustedes por qué en este momento saco esto a colación. Precisamente porque las cosas que hacemos los humanos, pueden obedecer a otros intereses que se hacen incompatibles con la fidelidad a los principios de transparencia, veracidad y claridad, para que los interesados puedan elegir, en libertad, lo que crean más beneficioso. Y no olvidemos que, sin una información veraz, no hay libertad.
Es por esto por lo que la misión de un órgano como la Comisión Nacional del Mercado de Valores no puede limitarse a advertir a una institución financiera de que no existe evidencia de que los suscriptores de preferentes conozcan realmente qué es lo que están adquiriendo, a fin de asegurarse de que no se verán defraudados por las promesas recibidas al momento de la suscripción, cuando llegue el momento del reembolso, sea éste por el plazo de amortización, o instado por el interesado ante la promesa de liquidez en cualquier otro momento.
Un órgano garante de la fiabilidad de una parte del sistema financiero no puede limitarse a advertir, más aún si a la advertencia no se responde por la entidad con la corrección de las carencias detectadas o por la demostración suficiente ante el mencionado organismo –la CNMV– de que las sospechas acerca de la deficiente información sobre los títulos no se correspondían con los hechos ciertos en su colocación.
¿Para qué pagamos a un costoso órgano cuya función es vigilar y garantizar las emisiones y transacciones de títulos valores?