Carlos Bravo, de CCOO, sostuvo hace un tiempo que la invitación de la ministra Báñez a los jóvenes a debatir la reforma de las pensiones era "irresponsable" porque podía abrir un "conflicto intergeneracional", y concluyó: “No hace bien intentando contraponer generaciones”, porque el sistema, según dijo Manuel V. Gómez en El País, "se basa en la confianza entre jóvenes y mayores".
Todo esto es humo, empezando por la propuesta de la señora Báñez, peronista de pro, porque no puede seriamente invitar a "los jóvenes" a nada, y mucho menos a un debate que sólo se dirime en instancias políticas y de los grupos de presión que medran al socaire del poder.
Lo de don Carlos Bravo es igualmente erróneo. Las generaciones resuelven desde hace milenios sus trances mediante viejas instituciones, como la familia y la herencia. El Estado no sólo no resuelve esos problemas sino que los agrava, precisamente porque las pensiones, justo al revés de lo que afirma el señor Bravo, no se basan en ninguna confianza sino en la coacción: el poder obliga a los trabajadores a pagar las pensiones de otros, es decir, inventa y anima un conflicto que no tendría por qué existir: en una sociedad de mujeres y hombres libres, cada uno ahorraría para su propia pensión, sin descargar coste alguno sobre las nuevas generaciones, ni sobre las actuales. Es el Estado el que crea el aprieto, precisamente porque bloquea la libertad y la responsabilidad individual.
Por eso quizá lo más llamativo es afirmar que la coacción política y legislativa se basa en la "confianza", lo que sólo es cierto si las relaciones sociales son libres. Las pensiones públicas no tienen nada que ver con eso: lejos de ser libres, son obligatorias, dado que el Estado fuerza a los jóvenes a pagar a los mayores. Es ridículo pensar que se basa en la confianza aquello que precisamente la anula.