Empleando el lenguaje de los jóvenes, o de los no tan jóvenes, creo que la Unión Europea se está pasando. Estuvo muy claro que la competencia fiscal se mantenía en los Estados miembros, frente a las competencias monetarias, que pasaban al Banco Central Europeo, pues la moneda única era para todos y su suerte afectaría a todos los miembros de la Unión Monetaria; eso que hoy llamamos "países de la Zona Euro".
La conciencia de la diferencia, ésta sí muy sensible entre las distintas economías de la Unión, hacía aconsejable que se retuviese la competencia fiscal, para corregir las grandes diferencias económicas mediante instrumentos fiscales de carácter compensatorio que pudieran estimular en unos casos y corregir en otros, con el objetivo de construir un país económica y socialmente más fuerte, más consolidado y con un mejor futuro.
Así las cosas, la única aspiración era la armonización frente a la igualdad fiscal; bien es cierto que con la idea de converger al sistema de los países líderes, que, por otra parte, tampoco son uniformes en sus estructuras, pues también ellos se sienten diferentes entre sí y tratan de preservar esas diferencias avaladas por la tradición. Aun así, las recomendaciones de la Unión irían encaminadas a ahondar en ese camino de convergencia, para que un día estemos en condiciones de construir un marco fiscal, como hemos construido un marco monetario.
En este aspecto, acepto con gusto las advertencias, ya repetitivas, del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Oli Rehn, aconsejando al Gobierno español reducir el volumen de gasto público y reducir también los impuestos, con el fin de encaminarnos a una economía más competitiva en la que, cuanto antes, se empiece la creación de empleo.
El comisario Rehn considera, como muchos de los que deambulamos por estas tierras, que la estructura de gasto del sector público es insostenible para un país con una economía como la española. Siendo pobre no se puede vivir como rico. Por ello, la solución no es sostener lo insostenible, sacrificando lo que sí se sostiene, sino ajustar lo que no lo está. Procede por ello reducir el gasto, en lugar de acrecentar recursos impositivos y endeudamiento público para financiar lo que habría que eliminar.
Menos de acuerdo estoy, simbólicamente, con la decisión del Tribunal de Justicia Europeo de rechazar la aplicación del llamado "céntimo sanitario". No por el rechazo del tributo como ilegal, sino por el hecho de considerar la cuestión. Que en España hay una tradición de acumular tributos finalistas en la imposición indirecta está fuera de discusión –recordemos que los impuestos sobre carburantes eran para financiar la red viaria–, y también está fuera de discusión que el sistema sanitario público, en su actual conformación, no es sostenible. Otra cosa es que convendría racionalizarlo, porque es un ejemplo de ineficiencia y despilfarro, pero en eso no suelen entrar los jueces.
¿Quién se reembolsará el tributo pagado indebidamente? Eso sí que está por ver.