El Debate sobre el Estado de la Nación ha reflejado, un año más, la triste y decepcionante realidad política de este país. Hoy por hoy, España está condenada a navegar entre la izquierda y la extrema izquierda, es decir, entre la decadencia y la ruina más absoluta. Por desgracia, no hay más, a la vista de las lamentables fatuas lanzadas en el Congreso por los líderes de los principales partidos políticos. En cuanto al diagnóstico general, el PP insiste en ensalzar las señales de recuperación, mientras que PSOE e IU se limitan a destacar lo terriblemente mal que va todo. ¿Quién tiene razón? Simplemente, nadie. Unos y otros, ya sea por falsedad o pura ignorancia, se equivocan.
Los populares olvidan que los exiguos avances que empieza a registrar la economía, como el superávit exterior o el desapalancamiento de familias y empresas, se deben exclusivamente al esfuerzo del sector privado. Además, si bien es cierto que existen señales positivas a tener en cuenta, no lo es menos que resultan del todo insuficientes para poder hablar de un crecimiento sólido y firme, capaz de crear un gran número de empleos a corto y medio plazo. España se enfrenta a una de las recuperaciones más lentas y frágiles de toda la OCDE. Así, pese a que la Comisión Europea acaba de duplicar las previsiones de crecimiento para España, el PIB apenas avanzará entre un 1 y un 1,7% en 2014 y 2015, sin llegar a compensar, por tanto, la caída registrada desde 2011. Además, pese a la mejora, y siempre y cuando no se tuerza esta tendencia, la tasa de paro seguirá rozando el 25%, el déficit rondará el 6% y la deuda pública superará el 100% del PIB, de los peores registros del mundo desarrollado. Rajoy, por mucho que lo niegue, peca de complacencia y triunfalismo. Y peor aún es la lectura de socialistas y comunistas, ya que ambos parecen ignorar que sus propuestas, lejos de mejorar la situación, conducirían a España a la quiebra absoluta, el rescate total o incluso a la salida del euro.
La legislatura acaba de atravesar su ecuador y lo único destacable del Gobierno de Rajoy ha sido la histórica subida de impuestos, la mayor de la OCDE, que no ha logrado reducir el déficit; el salvamento de cajas de ahorros quebradas con dinero de todos los españoles –cuando se podía haber apostado por el rescate privado (bail-in), de modo que pagasen los acreedores, no los contribuyentes–, y la reforma de las pensiones públicas para extender en el tiempo un modelo que condena a los españoles a trabajar más años a cambio de unas prestaciones cada vez menores, cuando se podía haber apostado por sustituir el mísero y fraudulento sistema de reparto por uno de capitalización, tal y como han hecho otros muchos países. Mención aparte merece la reforma laboral, lo mejor que ha hecho el PP en estos dos años, si bien se queda muy corta para acabar con el drama del paro.
En definitiva, más impuestos, más deuda pública y pensiones más bajas: sus negativos efectos no compensan, ni de lejos, las ventajas derivadas de la mínima flexibilidad que arroja la reforma laboral. Como consecuencia, el balance del PP se resume en menos libertad económica. Y todo apunta a que Rajoy mantendrá –o intensificará– esta política izquierdista hasta final de legislatura, según se desprende de su intervención en el Congreso. ¿Menos gasto público? "En la sociedad española está instalada la idea de que tenemos una Administración elefantiásica. Esto no es verdad". ¿Traducción? Ni de broma. ¿Menos impuestos, quizás? Rajoy tan sólo anunció una mínima rebaja del IRPF y una muy limitada y condicionada reducción de cotizaciones sociales que en ningún caso compensará las constantes y confiscatorias subidas fiscales aprobadas hasta el momento. ¿Traducción? Un chiste de mal gusto, por no decir un insulto. Pero ¿qué se puede esperar de un presidente que se congratula frente al PSOE de disparar la tributación a las empresas? La única aspiración del PP ha sido –y sigue siendo– hacer lo mínimo imprescindible para evitar la quiebra de España y confiar en que la dirección del viento sople a su favor.
Desde este punto de vista, la diferencia entre Rajoy y Zapatero es una mera cuestión de matices. Desde 2010, momento en el que estalló la crisis del euro, ambos, en mayor o menor medida, subieron muchos impuestos y bajaron un poco los gastos –uno congelando pensiones, otro eliminando una extra a los funcionarios, etc.–, flexibilizaron algo el mercado de trabajo y reformaron las pensiones. España, por tanto, sigue en la misma deriva, y sólo hay visos de empeoramiento. Basta observar las propuestas de Rubalcaba (PSOE) y Cayo Lara (IU) para comprobar que, lejos de aprender algo, la clase política nacional persiste, una y otra vez, en el mismo error.
Lo más destacable que plantea Rubalcaba es la derogación de la reforma laboral a fin de imponer de nuevo el rígido marco del convenio colectivo, el mismo que logró triplicar la tasa de paro entre 2007 y 2011, hasta situarla por encima del 20%. ¡Valiente medida la del líder socialista! Y completa su receta económica con dos medidas adicionales: por un lado, más gasto público:
Usted ha hecho muchas cosas. Una reforma laboral que recortó los derechos de los trabajadores. Usted ha acabado con el carácter universal de la sanidad pública en España. Usted ha recortado las becas, ha recortado las ayudas al desempleo, usted ha recortado las ayudas a la dependencia, usted ha recortado los gastos sociales, los gastos educativos, los gastos sanitarios...
(…) creemos que hay que impulsar el crecimiento y el empleo desde las administraciones públicas; que en tanto el consumo privado no tira, tiene que tirar el consumo público, tiene que tirar la Administración pública (...);
y, por otro, más impuestos. Todo muy novedoso, sin duda.
Estoy de acuerdo con usted, y creo que es muy importante este acuerdo que le voy a señalar, en que el problema de España no es un problema de gasto público, sino de ingresos. Esto es muy importante, y estamos de acuerdo, plenamente. Creo que la diferencia fundamental entre la suya y la nuestra [reforma fiscal] es justamente el tratamiento de la riqueza. Porque nosotros queremos que la gente pague por lo que tiene, y lo que tiene es lo que gana, lo que hereda y lo que posee.
Pero si alguien se lleva la palma de los despropósitos económicos, éste no es otro que Cayo Lara, ya que defiende de forma expresa la quiebra soberana –y la posible salida del euro–, la nacionalización de "sectores estratégicos", una mayor confiscación de rentas, ahorros y capitales, la mutualización y monetización de deuda europea y un largo etcétera de barbaridades diversas, muy propias de las potencias bananeras y tercermundistas que tanto venera el rojerío patrio. Entre otras ideas estrella, IU propone "auditar y renegociar la deuda y sus intereses determinando qué parte es ilegítima", exigir un Plan E europeo, que el BCE financie el déficit público de España, suprimir "todas las peonadas exigidas para el PER en Andalucía y en Extremadura", "ampliar la tasa de reposición de empleados públicos al cien por cien", elevar el Impuesto de Sociedades al 35%, subida generalizada de impuestos y "un plan para garantizar el derecho de acceso a la vivienda y la dación en pago".
En el Debate no se ha escuchado ni una sola medida liberal digna de mención, tan sólo gestos electoralistas propios del populismo más abyecto y soflamas comunistoides que agravarían la ruina del país hasta límites insospechados. En la actualidad, España baila entre dos aguas, la italianización (izquierda) y la argentinización (extrema izquierda).