The Economist rescata un tema aparcado de la agenda política de los grandes países desarrollados: la privatización de activos y empresas públicas. La publicación pide recuperar el espíritu reformista que alentó la oleada de privatizaciones de Margaret Thatcher o las numerosas desnacionalizaciones aprobadas en los 90 en las antiguas repúblicas comunistas.
El gráfico siguiente muestra que, desde finales de los años 80 hasta comienzos del siglo XXI, el ritmo de las privatizaciones superaba ampliamente el alcance de las nacionalizaciones y compra de activos o empresas por parte de las Administraciones Públicas. Esta tendencia podría haberse empezado a invertir en los últimos tiempos.
Lamentablemente, los estudios de la Universidad de Oklahoma sobre este tema subrayan que los gobiernos de la OCDE se están quedando fuera de estos procesos, reteniendo miles de millones de euros en participaciones empresariales, monopolios públicos y otras fórmulas contrarias al mercado. Según The Economist, vender estos activos "reduciría la deuda pública, financiaría una mejora de las infraestructuras y empujaría la eficiencia económica".
El ejemplo sueco
Cuando se habla de privatizaciones, rara vez se menciona al Reino de Suecia como un ejemplo a seguir. No obstante, el país escandinavo completó numerosas privatizaciones en las últimas décadas. Dicho proceso de desnacionalización y privatizaciones se enmarcó dentro de una agenda de reformas liberales destinadas a replegar el viejo Estado del Bienestar socialdemócrata.
Así, Suecia privatizó los monopolios que impedían el florecimiento de un mercado capitalista en ámbitos como las telecomunicaciones, los mercados financieros, el transporte (tren, avión, autobús, taxi…), la correspondencia, los medios de comunicación, etc. Además, se vendieron las participaciones de más de treinta empresas públicas, incluyendo compañías de tratamiento de residuos, vehículos de capital riesgo, firmas industriales del sector del acero, compañías geológicas, empresas de sistemas informáticos, entidades financieras o grupos constructores, entre muchos otras.
Como explica el semanario británico, el Gobierno sueco de centro-izquierda que ocupó el poder en la segunda mitad de los 90 triplicó el alcance inicial del plan de desnacionalizaciones aprobado por el Ejecutivo de centro-derecha que encabezó Carl Bildt. The Economist cita estudios de la consultora PwC para calcular los activos que aún retiene el Estado del país nórdico. Según el cálculo, hablamos de 230.000 millones de dólares, dentro de los que se incluyen participaciones empresariales en compañías como Telia Sonera y SAS.
El potencial de privatizaciones
Los datos oficiales de la OCDE invitan a pensar que una venta generalizada de bienes y activos estatales puede transferir al sector privado más de 2,2 billones de dólares. Según el semanario, "la mayoría de estos activos están en industrias como las telecomunicaciones, el transporte o la electricidad. Además, hay muchas participaciones en compañías cotizadas: hablamos de 890.000 millones de dólares en paquetes de acciones que suman entre el 10% y el 50% de la propiedad de estas firmas".
No obstante, el propio artículo de la revista británica admite que los cálculos son modestos ya que solamente hablamos de entidades y bienes controlados por los gobiernos centrales. Así, según Hans Christiansen, el potencial asciende a 4 billones de dólares cuando consideramos activos manejados por Administraciones regionales o locales.
Sin embargo, el cálculo es aún más abultado cuando incluimos propiedades inmobiliarias, edificios, fincas o tierras. Estos activos en manos del sector público podrían duplicar el impacto económico de una oleada de privatizaciones. Esto implica que los gobiernos de la OCDE pueden desnacionalizar activos por 9 billones de dólares, lo que reduciría casi un 20% la deuda pública media de estos países.
El grupo de trabajo de la OCDE que analiza esta cuestión cuenta con algunas ausencias sonadas. Por ejemplo, Estados Unidos no participa en el proceso a pesar del enorme volumen de activos y empresas que controlan sus diferentes instancias gubernamentales.
Otros países apuestan por el camino contrario: es el caso de Reino Unido, que acaba de privatizar la empresa de correspondencia Royal Mail y ahora prepara otros procesos de venta, incluyendo liquidación de participaciones, privatización de tierras y edificios, desnacionalizaciones bancarias, etc.
Otros países donde también se habla de privatizaciones a gran escala son Australia y Japón. En Francia la cuestión es espinosa, pero lo cierto es que el volumen de las participaciones del Estado en empresas como Renault u Orange es sustantivo.
Otros activos no financieros
Un informe del FMI estima que los activos no financieros que retienen los Estados llegan a suponer el 75% del PIB de los países desarrollados, con niveles del 40-50% en Canadá o el 120% en Japón. A la cabeza del ranking está el país nipón, seguido de Nueva Zelanda, Italia, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña.
Según el banco UBS, estos activos valen entre tres y cuatro veces más que las diferentes fórmulas de tenencia estatal de empresas y entes varios. Solamente en EEUU, informes de 2011 apuntan que al menos 45.000 edificios gubernamentales están infrautilizados o son innecesarios.
Las posesiones federales de tierras sin desarrollar suponen el 20% de la superficie del país. Desde el Instituto Cato, Chris Edwards apunta que el manejo de reservas naturales es mucho más eficiente cuando se deja en manos de fundaciones consagradas a esta tarea. El siguiente mapa muestra la distribución de las tierras y fincas federales:
En algunos casos, el Gobierno federal retiene espacios en los que se podrían desarrollar grandes extracciones de petróleo y gas a través de fracking o de técnicas convencionales.
Las privatizaciones pendientes
En 2013 salió a la luz un interesante informe de Julia Borrmann y Christian Helmenstein sobre el "potencial de privatizaciones" de las principales economías europeas. En el caso de España, el documento habla de un impacto del 5% del PIB que iría ligado a una reducción de la deuda pública y un aumento de la competencia y la productividad.
Solamente en el ámbito del transporte y de las participaciones empresariales, Lorenzo Bernaldo de Quirós detecta la posibilidad de desnacionalizar activos por 30.000 millones de euros, el 3% del PIB. A esta cifra se unirían los edificios, tierras, fincas y demás posesiones no financieras.
A lo largo del año pasado, las Administraciones empezaron a articular una venta de 15.000 edificios públicos. No obstante, el Estado posee otras 38.000 propiedades, de las que 35.000 son fincas rústicas. Dichas parcelas ocupan 5,5 millones de metros cuadrados. En total, la desnacionalización de todo este patrimonio puede suponer una operación de más de 14.000 millones de euros.
Pueden seguir a Diego Sánchez de la Cruz en su página web, su blog de Libre Mercado, su cuenta de Twitter y su página de Facebook.