Suele argumentarse que el Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, tan sólo posee el mandato de lograr la estabilidad de precios dentro de su territorio (la Eurozona). Sus estatutos, se dice, han conseguido mantener bajo control su monopolio monetario, gracias a lo cual sus mandamases no pueden aplicar políticas monetarias expansivas como las de sus colegas del resto del mundo.
Ciertamente, sería un completo éxito que la normativa hubiese logrado desterrar el inflacionismo crediticio del código genético del BCE. A la postre, todo banco central monopolístico se instituye para financiar de un modo artificial y privilegiadamente barato a gobiernos y bancos privados, perjudicando con ello al resto de los ciudadanos mediante mermas en el poder adquisitivo de la moneda y, sobre todo, mediante devastadores ciclos de sobreendeudamiento y malas inversiones generalizadas. De hecho, cuando se insta a un banco central a que estimule la creación de empleo se está hablando de eso: o bien de que compre deuda pública para que el Estado gaste en la obra pública más diversa e innecesaria, o bien de que financie de un modo más asequible a las entidades financieras para que éstas puedan incentivar una ronda de borrachera crediticia entre familias y empresas. Ése es el empleo que puede crear un banco central: el que resulta de la acumulación de mala deuda dentro del sistema económico.
Por consiguiente, si, tal como reza la leyenda urbana, la UE hubiese suprimido la capacidad del BCE para financiar burbujísticamente a gobiernos y entidades financieras, sin duda habríamos dado un paso en la buena dirección. Pero, por desgracia y como ahora vamos a comprobar, la ingeniería normativa por la que se rige el BCE ha sido diseñada para que, justamente, éste disponga de la suficiente discrecionalidad como para terminar haciendo y deshaciendo a su gusto, tanto a la hora de estimular el endeudamiento privado con la excusa de fomentar el empleo como a la de proporcionar financiación laxa a los gobiernos para que éstos sigan manteniendo sus infames burocracias.
De entrada, es verdad que el artículo 2 de los estatutos del BCE dice que la estabilidad de precios es el objetivo primario de la entidad. Sin embargo, incluso ese propio artículo 2 ya habilita al BCE a que, alcanzada la estabilidad de precios, pueda coadyuvar en la consecución de los logros a los que aspira el Tratado de Maastricht en su artículo 3, a saber, la promoción del progreso económico y social sostenible y del pleno empleo. Por tanto, no es cierto que el BCE tenga un mandato único –la estabilidad de precios–, sino que sigue teniendo un mandato dual –estabilidad de precios y pleno empleo– pero articulado en dos niveles jerárquicos (la estabilidad de precios prima sobre el empleo).
Evidentemente, podría argüirse que la primacía de la estabilidad de precios sobre el fomento del empleo es un punto a favor del BCE frente a la Fed –que coloca ambas misiones en pie de igualdad–, pero a la hora de la verdad, y tras la nefasta experiencia de la estanflación de los 70, ningún banquero central actual se atrevería a seguir azuzando el expansionismo crediticio en una época de elevada inflación, ni siquiera con la búsqueda del pleno empleo en mente. Mucho más peligroso es lo que hacen los bancos centrales cuando, aparentemente, la estabilidad de precios no está en peligro: en esos momentos, erróneamente presuponen que "no hay tensiones subyacentes" y que pueden volcarse a espolear la deuda. Fue lo que sucedió durante la década de los 20, que condujo a la Gran Depresión, y lo que volvió a suceder a comienzos del s. XXI, hasta que se produjo la Gran Recesión actual: engañosos IPC bajos que conducen a crédito barato canalizado a activos (como la vivienda o los índices bursátiles) cuyos precios quedan fuera del IPC (de modo que no saltan las alarmas). En este sentido, la Fed y el BCE han cometido los mismos pecados –rebajar artificialmente los tipos de interés con el IPC estable– pese a sus diferencias estatutarias.
Mas podría pensarse que, al menos, los estatutos del BCE sí impiden que la entidad proceda a comprar masivamente deuda pública con la que financiar a los manirrotos gobiernos de turno; esto es, que en la Eurozona sería imposible algo así como los QE de Bernanke. Pues tampoco.
Es cierto que el artículo 21 de los estatutos del BCE remite al artículo 123 del Tratado de Maastricht, donde se prohíbe al banco central la adquisición directa de deuda pública en los mercados primarios, así como cualquiera otra facilidad crediticia para las administraciones públicas. Y es verdad que el Reglamento 3603/93 del Consejo Europeo especifica que por "cualquier otra facilidad crediticia" se refiere a toda financiación indirecta que el BCE pueda proporcionar a los Estados a través de los mercados secundarios. Pero el artículo 18 de los estatutos del BCE también habilita a la entidad a ejecutar operaciones crediticias (en general) dentro de los mercados financieros con el propósito de lograr su objetivo de la estabilidad de precios.
He ahí la madre del cordero. El BCE puede interpretar la normativa por la que se rige –y, de hecho, la está interpretando así– como una autorización a comprar deuda pública en los mercados secundarios siempre que esa adquisición tenga como propósito último no el de financiar a los gobiernos sino el de permitirle garantizar la estabilidad de precios. En estos momentos, el BCE podría perfectamente argumentar, siguiendo los preceptos de sus estatutos, que la estabilidad de precios corre peligro por el lado de la deflación (y no de la inflación, como suele ser habitual) y que, en tal caso, está habilitado para adquirir toda la deuda pública que sea necesaria para mantener a flote el IPC. Es lo que hizo cuando inició en 2010 con la ventanilla del SMP (con la que adquirió 220.000 millones de euros en deuda pública italiana, española, griega, lusa e irlandesa) y lo que ha prometido volver a hacer a través de la ventanilla de la OMT con la que Draghi le salvó la papeleta a Rajoy.
En última instancia, pues, que el BCE haya sido hasta ahora un poquitín más ortodoxo que la Fed o el Banco de Japón no se ha debido a unos estatutos que hayan conseguido atarle en corto, sino a que los hombres del Bundesbank siguen ejerciendo una notable influencia a la hora de pergeñar la política monetaria; o dicho de otro modo: si Bernanke hubiese sido presidente del BCE con el apoyo del Bundesbank, podría haberse comportado exactamente igual que lo hizo al frente de la Fed. No es el gobierno de las leyes lo que restringe al BCE, sino el gobierno de las personas. Y por eso la veleta del BCE se moverá según sople el viento de los intereses de esas personas o de quienes gobiernan a esas personas.