La caída histórica que están sufriendo las reservas de divisas en Argentina preocupa cada vez más al Gobierno peronista. Tras la espectacular devaluación que sufrió el peso hace unas semanas y las posteriores medidas del Gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner para intentar suavizar la situación, el nivel de reservas en el banco central de la nación ha bajado en más de 2.000 millones de dólares en un mes, dejando el nivel al borde de los 28.000.
Hace unos días, ante la falta de dólares, el pago de importaciones se paralizó. El viernes pasado, el equipo económico del Gobierno argentino fue más allá. "Armen un cronograma de pagos a los proveedores en el exterior y difieran todo lo posible", escucharon de parte del equipo del ministro de economía, Axel Kicillof, varias patronales del país que participaban en una reunión, según publica el diario argentino Cronista.
En otra reunión celebrada esta semana, en este caso entre el Gobierno y las cerealeras -uno de los sectores más importantes del país-, el Ejecutivo ha presionado al sector para que vendan cuanto antes el stock que tienen para conseguir así recuperar el nivel de reservas. Según publica el diario digital argentino La política online, el Gobierno dejó caer la amenaza de estatizar la venta de granos para conseguir divisas rápidamente.
La amenaza se disparó en el mismo momento en que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Ricardo Fábrega, recibían a los directivos de Ciara, que aglutina a las principales firmas agroexportadoras, para reclamarles que liquiden el saldo que les quedó de la pasada cosecha, pero sin mencionar en el encuentro la posibilidad de una nueva Junta Nacional de Granos.
Por su parte, las cerealeras prometieron al Gobierno liquidar más de 27.000 millones de dólares en la campaña. No obstante, los productores consideran que el cambio a ocho pesos/dólar no es aún el definitivo y temen una nueva devaluación, según este diario, de ahí sus reticencias a liquidar el stock.
Al mismo tiempo, el gobernador kirchnerista de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, reconoció ser "un férreo" defensor de la Junta Nacional de Granos, un férreo organismo regulador, vigente en Argentina desde 1933 hasta 1991, que controla la comercialización de cosechas y otorga al Estado mayor incidencia sobre la exportación de este productos -y las divisas correspondientes-.
"Queremos priorizar y preservar centralmente a los pequeños y medianos, para que puedan comercializar su producción a precios convenientes y que la especulación de los grandes no los perjudique", dijo al diario oficialista Tiempo Argentino.
Mientras, en el Congreso, otra senadora, en este caso la de la provincia de Rio Negro, situada al sur del país, Silvina García Larraburu, presentó un proyecto de ley para restablecer la Junta. El proyecto plantea que debería integrarse con nueve miembros nombrados por el Poder Ejecutivo y con el control de "todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos".
La función de esta junta sería coordinar la producción, los embarques y asesorar al Ejecutivo en la fijación de precios mínimos para las ventas al exterior, así como en la política cambiaria y la impositiva, además de otras cuestiones vinculadas al sector.