El Ministerio de Hacienda acordó el pasado jueves una dotación de 23.000 millones de euros a través del denominado FLA para seguir auxiliando a la mayoría de comunidades autónomas en 2014. Así pues, un año más, el Gobierno del PP rescatará a las regiones más díscolas y despilfarradoras con el dinero de todos los españoles, en lugar de exigir drásticos ajustes a las autonomías en problemas para garantizar la solvencia de sus finanzas, tal y como estipula la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impulsó el propio Ejecutivo popular.
Mención especial merece el caso de Cataluña, ya que, una vez más, acaparará el grueso de las ayudas, con una inyección próxima a 7.000 millones de euros en el presente ejercicio. En este sentido, cabe recordar que la región que preside Artur Mas ya recibió unos 24.000 millones de euros del Estado en 2012 y en 2013 para cubrir su abultado agujero fiscal y eludir los elevados intereses que exigirían los inversores en caso de que la Generalidad tuviera que acudir a los mercados para financiarse. En total, sumando la dotación de 2014, el Gobierno central habrá inyectado más de 31.000 millones de euros a Cataluña para evitar su quiebra. Y ello, a pesar de que los nacionalistas de CiU y ERC siguen manteniendo abiertas sus particulares embajadas en el exterior, al tiempo que mantienen intacta su abultada administración paralela, con infinidad de entes, empresas y organismos públicos que, además de resultar deficitarios, son absolutamente innecesarios e inútiles.
Esto demuestra que el mecanismo escogido por el Gobierno para facilitar la financiación de las comunidades autónomas es profundamente perverso y, sobre todo, contraproducente. Perverso porque supone imponer a todos los españoles la factura de los despilfarros que han cometido algunas regiones, castigando de paso a las comunidades más austeras y eficientes económicamente, como es el caso de Madrid. Y contradictorio porque, en lugar de atajar el problema de fondo que subyace en el modelo autonómico, que no es otro que el de mantener una administración sobredimensionada y un gasto público insostenible, el FLA sirve, en realidad, para sufragar los excesos y desatinos de los gobiernos regionales más irresponsables, permitiendo así que todo siga más o menos igual en lugar de corregir sus graves desequilibrios.
Por desgracia, el PP ha preferido guardar en el cajón la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a pesar de que fue una de sus medidas estrella. Hacienda podría exigir drásticos recortes de gasto a las autonomías con mayores déficit y deudas para equilibrar sus cuentas, imponiendo la eliminación de entes y todo tipo de empresas, llegando incluso a intervenir financieramente la autonomía en caso de incumplir tales recomendaciones. Sin embargo, la larga batería de medidas que contemplaba esta norma se ha convertido en mero papel mojado. En la práctica, Rajoy ha optado por salir al rescate de las comunidades más incumplidoras mediante préstamos muy favorables e incondicionales, desincentivando la necesaria austeridad pública y llegando incluso al absurdo. No en vano, resulta cuanto menos grotesco que Cataluña concentre el grueso de la financiación que otorga el FLA, permitiendo que la Generalidad pueda seguir pagando salarios y subvenciones, mientras Artur Mas blande la bandera del independentismo, saltándose el marco legal a su antojo, y vocifera el lema España nos roba -cuando más bien es al contrario-.