El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de mutuas, por el que se concederá a estas entidades una mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado.
En concreto, las mutuas podrán realizar el seguimiento de la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común "ya desde el primer día de la baja", según ha destacado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Así, la mutua podrá formular, como ocurre actualmente, una propuesta de alta médica "motivada". Su propuesta será enviada entonces al médico del Servicio Público de Salud que emitió el parte de baja a través de los servicios de Inspección del Servicio Público de Salud correspondiente, que dispondrán de un plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la propuesta de alta para comunicar a la mutua si la estima o la rechaza.
Si en dicho plazo no se notificara a la mutua el parte de confirmación de baja, se considerará estimada la propuesta y emitido el parte médico de alta. La mutua deberá entonces informar al trabajador y a la empresa de la extinción de la prestación.
En España se pierden al año por absentismo una media de 11,4 días por trabajador, frente a los 8,4 días que se pierden en Finlandia, los siete que se pierden en Dinamarca, los 6,8 días de Canadá o los 4,9 días de Estados Unidos.
Además de la reducción del absentismo, el anteproyecto de ley de mutuas persigue otros objetivos, como el de dotarlas de un nuevo marco normativo para mejorar su gobernanza y transparencia, según Báñez.
Sueldos equiparables al sector público
En esta materia, en el anteproyecto se modifica la regulación de los órganos de gobierno de las mutuas y se potencia la figura del presidente. La norma, que será ahora remitida a los agentes sociales y al CES para el correspondiente informe preceptivo, contempla que las retribuciones de los altos cargos de estas entidades se adaptarán a las correspondientes del sector público.
"En línea con la Ley de Transparencia y la reforma de las Administraciones Públicas se hace un control de los órganos de dirección de las mutuas y de sus altos cargos, cuyos sueldos se equiparan a los del sector público", ha explicado la ministra.
Otro de los objetivos de la ley de mutuas será el de facilitar el cobro de la prestación por cese de actividad de los autónomos, prestación que gestionan las mutuas, debido a que se deniegan muchas de las solicitudes que efectúan los trabajadores por cuenta propia (en 2012 el 82% de las solicitudes fueron rechazadas).
La ministra ha resaltado además que la norma facilita la colaboración entre comunidades autónomas y mutuas para que las primeras puedan utilizar los recursos "ociosos" de las segundas en beneficio de los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Según Báñez, actualmente no se utilizan el 40% de los recursos de las mutuas.
Las mutuas son asociaciones de empresarios, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Concretamente, se ocupan de la gestión de las contingencias profesionales de casi 13 millones de trabajadores, las contingencias comunes de más de 11 millones y el cese de actividad de casi 600.000 autónomos.
En 2012 ingresaron más de 5.300 millones de euros en concepto de cuotas por contingencias profesionales, más de 3.000 millones por contingencias comunes, y más de 131 millones por cese de actividad.