Tras varios años de arduas y complejas negociaciones, Las Vegas Sands, el imperio del ocio que lidera el estadounidense Sheldon Adelson, ha decidido, finalmente, renunciar a la construcción de Eurovegas en Madrid. Las enormes y constantes trabas burocráticas que, por desgracia, presenta España para desarrollar cualquier tipo de proyecto empresarial, especialmente uno de tal envergadura, relacionado, además, con la industria del entretenimiento, junto a la elevada inseguridad jurídica que presenta el país han imposibilitado, por desgracia, su realización, eliminando de un plumazo todo su potencial para crear empleo y riqueza en un momento en el que la economía española necesita atraer, más que nunca, un gran volumen de inversión exterior.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha rechazado las últimas condiciones propuestas por Adelson para iniciar Eurovegas y que, en esencia, se resumen única y exclusivamente en una: seguridad jurídica. Las Vegas Sands exigía al Ejecutivo español -con razón- la devolución de la inversión acometida en caso de que las autoridades modificaran de alguna forma el marco pactado para desarrollar el megaproyecto mediante futuros e imprevisibles cambios normativos.
Es decir, Adelson, simplemente, no se fiaba de España y, por ello, solicitó garantías extra para que las reglas del juego no se cambiaran a mitad de partida, lo cual no sólo es lógico sino lo mínimo que cabe esperar de cualquier país desarrollado, en donde prima el Estado de Derecho y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Curiosamente, esta condición suponía un hecho insólito, ya que la empresa norteamericana nunca exigió algo similar a ninguno de los países en los que opera, lo cual denota la escasa o nula fiabilidad de las autoridades públicas españolas.
Dicho de otro modo, la inerradicable inseguridad jurídica que gobierna en España ha dado al traste con la mayor inversión privada de la historia de Europa. Eurovegas era un proyecto muy ambicioso, pero cuya rentabilidad dependía, en gran medida, de una mínima intervención pública en materia laboral, fiscal y regulatoria. De ahí, precisamente, las tediosas negociaciones a tres bandas -Comunidad de Madrid, Gobierno y Adelson- para que Eurovegas aterrizase en España mediante la eliminación de inútiles trabas y la concesión de ciertas ventajas administrativas, cuya aprobación se justificaba por la magnitud y extraodinaria dimensión de la inversión, proyectada en más de 18.000 millones de euros. Sin embargo, la negativa del Ejecutivo del PP a blindar el complejo frente a futuros cambios normativos ha impedido la culminación de un sueño, cuyas ventajas y beneficios para la economía nacional, especialmente la de Madrid, eran muy prometedores.
Adelson pretendía levantar en Alcorcón un complejo seis veces mayor que el que su compañía mantiene en Las Vegas (EEUU), con un total de 12 hoteles (36.000 habitaciones), un espectacular pabellón para acoger todo tipo de espectáculos, además de teatros, campos de golf, decenas de restaurantes, centros comerciales y seis casinos. Una vez culminado, Eurovegas pemitiría generar más de 260.000 empleos, directos e indirectos, y cerca de 15.000 millones de euros en ingresos extra para la economía española gracias al aumento del turismo. Y todo ello, sin necesidad de aportar un sólo euro de dinero público.
La necedad e incompetencia mostrada por Rajoy en esta materia no ha podido ser mayor. Su Gobierno ha impedido, conscientemente, que Madrid se convierta en un referente mundial dentro de la muy rentable y beneficiosa industria del ocio y las convenciones empresariales. La gran ineptitud de la clase política española, con Génova encabezando el cartel, ha dado al traste con la oportunidad histórica de crear cientos de miles de puestos de trabajo en torno a un único proyecto.
Lo más triste, sin embargo, es que este nefasto resultado demuestra que España no es fiable para el capital privado, único motor de crecimiento, como, desgraciadamente, acontece en algunas economías en vías de desarrollo. Rajoy y el resto de políticos prefieren inaugurar grandes, pero aún más inútiles, infraestructuras públicas, como aeropuertos vacíos, estaciones fantasma de AVE o complejos culturales deficitarios, cuyo despilfarro paga el contribuyente, con tal de hacerse la foto y, así, arañar algunos votos para mantenerse en el poder, en lugar de apostar por rentables inversiones privadas como Eurovegas. España ha desperdiciado una gran oportunidad... Así nos va.