La administración concursal que gestiona el concurso de acreedores del Aeropuerto Central de Ciudad Real abre este lunes el plazo para recibir ofertas interesadas en la adquisición de la infraestructura aeroportuaria. La fecha límite para pujar en la subasta se cerrará el próximo viernes 27 de diciembre a las 15:00 horas.
El precio de venta del Aeropuerto se ha establecido en un mínimo de 100 millones de euros, cantidad que ha sido estimada, según recogen en el documento de venta, "en consideración a las condiciones actuales de mercado". Esta cifra está muy por debajo de lo que en su costó el proyecto en su día: 1.100 millones de euros. Un 63% del aeropuerto fue sufragado con capital privado, los otros 400 millones de euros restantes fueron pagados por Caja Castilla-La Mancha, intervenida ésta más tarde por el Banco de España con un agujero de entre 3.000 y 4.000 millones de euros.
Según informaron la administración que gestiona esta última fase del concurso de acreedores, el aeropuerto se pone a la venta de manera unitaria, es decir es una explotación indivisible. Entre los bienes que se ponen la venta está el propio aeropuerto con todos sus equipos e instalaciones, tanto muebles como inmuebles, los terrenos de la zona de uso industrial y los destinados a usos ecológicos como contemplaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Las condiciones impuestas para poder entrar a pujar por el aeropuerto son, además de una oferta mínima de 100 millones, la cantidad deberá ser formulada en firme y deberá tener un aval económico, bien en efectivo o a través de una entidad bancaria o aseguradora por importe del 5 por ciento del precio total ofrecido.
Una vez finalizado el plazo de recepción de ofertas la administración concursal estudiará y valorará las que haya admitido y, posteriormente, seleccionará la que mejor se ajuste a los intereses del concurso, aunque también se valorarán los planes de negocio y sociales que se presenten. Tal y como recalcan los administradores, se admitirán ofertas por un precio inferior de hasta un 5% de la máxima puja, si se justifica "en atención a las restantes ventajas que pudiera aportar el proyecto".
Si al cierre del plazo de la primera fase, el aeropuerto no se hubiera vendido, los administradores tenían previsto en el plan de liquidación que se abra la segunda mediante venta en subasta pública privada, en el que se fijaría un precio de venta mínimo entre 80 y 100 millones. Si en estos dos plazos no se llegara a vender la infraestructura aeroportuaria, entonces se llevaría a cabo una subasta judicial según contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil.