Una de las grandes promesas electorales del PP consistía en implantar el denominado IVA de caja, una nueva fórmula tributaria para que empresas y autónomos pudieran liquidar dicho impuesto en el momento de cobrar la factura y no antes. La cadena de cobros ha sufrido un importante deterioro desde el estallido de la crisis. La falta de liquidez, las dificultades económicas y la quiebra de numerosas empresas se ha traducido en mayores retrasos a la hora de cobrar y, en el peor de los casos, un incremento sustancial de la morosidad, dando por perdidas tales cuantías.
Sin embargo, Hacienda siempre sale ganando, ya que el criterio de devengo vigente hasta ahora obliga a abonar el IVA de las facturas, con independencia de que éstas se cobren o no, provocando así un grave perjuicio a multitud de empresas y autónomos. El IVA de caja se concibió, en teoría, para solventar este problema. Pero, una vez más, la cruda realidad se aleja mucho de las buenas intenciones que intenta vender el Gobierno.
Aunque con dos años de retraso, el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro aprobó a finales del pasado noviembre el nuevo reglamento que regula el IVA de caja, cuya entrada en vigor tendrá lugar el próximo 1 de enero. Pymes y autónomos podrán acogerse voluntariamente a este criterio con el objetivo de aplazar el ingreso del IVA hasta el cobro de la factura correspondiente, mejorando con ello su liquidez. Según las estimaciones realizadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, esta vía permitiría beneficiar a más de dos millones de pymes y autónomos con un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ni mucho menos, a la vista de la letra pequeña que incluye el citado reglamento. El IVA de caja, anunciado a bombo y platillo, es, en la práctica, una fórmula muy limitada debido a su complejidad e incluso contraproducente para aquellos que, pese a todo, se acojan a este criterio, según los fiscalistas consultados por Libre Mercado.
Los expertos de la Asociación del Club del Asesor lo tienen muy claro: "El IVA de caja es una auténtica trampa de elefantes para el que se acoja". Esta asociación de asesores fiscales advierte de que la fórmula diseñada por Hacienda "ni sigue realmente el criterio de caja ni evita que el coste de la morosidad siga recayendo al 100% en el empresario". Además, "por si fuera poco, incorpora para el que elija dicha opción, un conjunto de molestias, costes y riesgos", añade.
Es un "fraude" y una "mentira"
Este sistema es, básicamente, un "gran fraude" porque es "mentira que responda al criterio de caja. Es solo una ficción transitoria que va resultar tremendamente perjudicial para para las pymes españolas", alertan los expertos. "Es cierto que la pyme que se acoja al nuevo régimen, durante 2014 no tendrá que ingresar a la Hacienda Pública el IVA de sus facturas que resulten impagadas. Pero ¡ojo!, porque en su primera declaración de 2016 tendrá que ingresar todo lo no ingresado en 2014, haya cobrado o no las facturas".
De este modo, el Gobierno lo único que hace en realidad es diferir dos años el actual criterio de devengo. "Es decir, a las pymes acogidas se les va a crear una especie de ilusión monetaria falsa, que al cabo de unos meses, se esfumará. A principios de 2016, se producirá un auténtico crack de tesorería generalizado para los que opten por el nuevo régimen que acabará con muchas de ellas. Por cierto, que esto sucederá cuando ya se hayan celebrado las próximas elecciones generales..."
Por ello, desde la Asociación del Club del Asesor recomiendan a sus clientes no acogerse a este criterio debido a los riesgos y costes asociados que conlleva. Según una encuesta interna realizada entre sus asociados (3.500 asesores en toda España), apenas el 25% de sus clientes optarían por este sistema. Extendiendo esta estimación a los cerca de 2 millones de potenciales beneficiarios, como mucho aplicarían al IVA de caja 500.000 pymes y autónomos.
Costes asociados
Por otro lado, más allá de la falsa "ilusión monetaria" que implica este sistema, el problema es que también conlleva importantes costes ya que, entre otros factores, obliga a modificar el modo en que se lleva el Libro Registro de Facturas Emitidas y Recibidas, el formato de las facturas a emitir, el sistema de cuentas, etc. En definitiva, una serie de cambios contables que no todas las empresas se pueden permitir por falta de tiempo, formación o medios económicos para renovar el software de gestión de las empresas o contratar un servicio de asesoría.
Como consecuencia de éste y otros inconvenientes, el presidente de la Asociación del Club del Asesor, Ignacio Ruiz Jarabo, concluye que la nueva normativa constituye "una profunda decepción porque, empleando el dicho popular, para este viaje no hacía falta alforjas". El anunciado IVA de caja no es tal, tan sólo es el actual criterio de devengo, pero "con cierto margen", aclara.
"El empresario que se acoja al Régimen de Caja va a disfrutar durante cada ejercicio natural del respiro que supone no ingresar el IVA de los clientes en mora durante el año, pero, al finalizar éste, se le exigirá (y, además, de golpe) todo el IVA que no ha ingresado durante el ejercicio anterior al anterior". Además, "si un cliente moroso entra en concurso de acreedores, el IVA pendiente de cobro para el empresario acogido al nuevo Régimen pasa automáticamente al criterio de devengo".
Así pues, este sistema no acaba con el actual perjuicio que supone ingresar el IVA de una factura que, sin embargo, no ha sido cobrada. Esta carga debería recaer sobre Hacienda y no sobre la empresa o autónomo que es víctima de la morosidad. Desde este punto de vista, la cuestión clave para diseñar un criterio realmente eficaz contra este problema consiste en que, "ante un fallido, cada acreedor aguante su vela: el empresario que no cobra debe soportar el impagado de su precio facturado, y la Agencia Tributaria debería soportar el IVA del mismo. En la actualidad, el coste que correspondería a Hacienda se lo endosan a la pyme, de un modo injustificado e injusto", concluye Ruiz Jarabo.