La bancarrota de Detroit ha golpeado en la línea de flotación de las pensiones de empleados públicos en Estados Unidos, un sistema cuyos conocidos problemas financieros han quedado en evidencia ante la insolvencia de algunas ciudades del país. La decisión de un juez en Michigan de autorizar la quiebra de Detroit obligará a los sindicatos a renegociar con las autoridades municipales las pagas de jubilación prometidas a los funcionarios, incluidas las de quienes ya están retirados.
"Las pensiones quedan sujetas a recortes igual que las cantidades adeudadas por la ciudad con entidades financieras de Wall Street, todo está en el mismo saco", aseguró a Efe Frank Shafroth, uno de los artífices de la Ley de Bancarrota Municipal vigente desde 1988, y profesor de la Universidad George Mason en Virginia.
Detroit solicitó en julio a los tribunales poder declararse en bancarrota. Los sindicatos recordaron a la Corte que los planes de pensiones son estatales, amparados por la Constitución de Michigan, cuya soberanía está reconocida por la Carta Magna de EEUU. Ayer, el juez sentó un precedente en el país al sentenciar que la ley federal de quiebras no tiene que respetar prebendas estatales, lo que supuso un varapalo no solo en la ciudad del motor, sino también en California.
En ese estado, la entidad gestora de los fondos de pensiones de más de 1,6 millones de empleados públicos, CalPERS, se enfrenta con una situación similar a la de Detroit en las ciudades San Bernardino y Stockton, ambas oficialmente en bancarrota y con una disputa en marcha para evitar que las pensiones sean una deuda más. "La decisión judicial es corta de miras y no tiene en cuenta las promesas hechas a cambio de las inversiones financieras y físicas que los empleados públicos y jubilados hacen en sus comunidades", se afirma en un comunicado emitido por CalPERS a petición de Efe.
La entidad californiana quiso dejar claro que lo ocurrido en Detroit "no es aplicable a un sistema de pensiones estatal como el de CalPERS" por no estar circunscrito a una sola ciudad e insiste en que las pensiones están protegidas por la constitución de California.
Shafroth, lejos de ser crítico, tomó el fallo de hoy como una "buena noticia". "Da a la ciudad una oportunidad para empezar de nuevo. Se estaba quedando sin dinero tan rápido que había un riesgo real de ruina en los próximos dos meses. No podían esperar más tiempo", explicó el profesor. Los únicos que parecen tener garantizados sus ingresos son los empleados que realizan una función crítica para que la ciudad continúe funcionando de forma segura, apuntó el experto.
La situación de quiebra, que básicamente reconoce la incapacidad de la urbe para devolver sus deudas en tiempo y forma, protege a Detroit frente a sus acreedores, en torno a 100.000, y obliga a ambas partes a sentarse a negociar, lo que básicamente supone que "todos tendrán que asumir un recorte". La ley no fija ni mínimos ni máximos en cuanto a reducciones, pero sí exige que los implicados traten de arreglar la situación "de buena fe".
"Si los sindicatos no se muestran dispuestos a negociar tendrán una posición muy compleja ante el juez cuando la ciudad presente su plan para salir de la bancarrota", comentó Shafroth, algo que se espera ocurra entre enero y febrero. Las organizaciones de trabajadores han asegurado estar dispuestas a ir con el caso ante la Corte Suprema, si fuera necesario.
La bancarrota planea también sobre pequeñas localidades como Desert Hot Springs (California) o Harrisburg (Pensilvania), donde se optó por reestructurar su deuda en un último intento para evitar seguir los pasos de Detroit. El condado de Jefferson, en Alabama, está cerca de salir de la segunda bancarrota más larga de un organismo público de la historia de EEUU, un proceso que ya superó en 2012 la ciudad de Central Falls, en Rhode Island, no sin antes rebajar hasta en un 55 % la paga de los funcionarios jubilados.
Según un estudio publicado en mayo de 2012 por Harvard Kennedy School, los planes de pensiones avalados por los gobiernos estatales y locales arrastran "peligrosamente" una escasez de fondos que los convierte en insostenibles a largo plazo si no aumentan los ingresos públicos. Se estima que la burbuja de las pensiones -el dinero comprometido para jubilaciones y al que no se puede hacer frente- asciende hasta 4,4 billones de dólares, con California, Illinois, Ohio, Nueva Jersey y Texas como los estados con mayores problemas.