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El Gobierno negociará la ley de servicios mínimos con sindicatos y patronal

El objetivo, explica Sáenz de Santamaría, es trabajar en un marco que garantice "unos servicios que a veces son muy esenciales".

El objetivo, explica Sáenz de Santamaría, es trabajar en un marco que garantice "unos servicios que a veces son muy esenciales".
Sáenz de Santamaría este viernes tras el Consejo de Ministros | La Moncloa

El Gobierno se mantiene en su intención de acometer una ley de servicios mínimos a pesar del aluvión de críticas de partidos de izquierda y sindicatos. Si bien, lejos de la confrontación, Soraya Sáenz de Santamaría avanzó que la intención es abrir un diálogo con los agentes sociales. Esto es, con la patronal y unos sindicatos a los que les bastaron unos minutos, desde el anuncio de Mariano Rajoy, para pasar al ataque.

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Poco se sabe de la futura norma. El presidente encargó un informe al Ministerio de Empleo y está en fase inicial. "Se está empezando a trabajar", admitió la vicepresidenta. El Gobierno quiere ir con pies de plomo y está dispuesto a una negociación en el que todas las partes cedan.

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En todo caso, de las palabras de la portavoz también se desprende la determinación de que las cosas cambien. Los servicios mínimos se tienen que "cumplir", zanjó Sáenz de Santamaría. El objetivo es trabajar en un marco jurídico "que asegure el anverso del derecho a la huelga y poder recibir unos servicios que a veces son muy esenciales", argumentó.

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Existe un sector del PP muy expectante ante el anuncio. Todo el poder político de Madrid llevaba meses reclamando un cambio urgente: desde la Comunidad al Ayuntamiento pasando por la delegación del Gobierno.

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En cuanto a las críticas recibidas -para Alfredo Pérez Rubalcaba "pretende restringir derechos"-, Sáenz de Santamaría reclamó "prudencia" y "elementos de juicio" para la queja. "Les pediría a todos los grupos que antes de manifestar su voluntad espere a conocer cuál es la posición de los agentes sociales -que, por cierto, ya se han pronunciado en contra- y del Gobierno", expuso. Cabe recordar que, de momento, sólo está encima de la mesa el anuncio. "Nosotros trabajaremos para convencer a los grupos", agregó.

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La base, quiso finalizar la vicepresidenta, es la Constitución. Esto también vale para la ley de Seguridad Ciudadana, que verá la luz la próxima semana. "Cualquier persona tiene derecho a reunirse, a manifestarse y a expresar su opinión libremente, pero tienen sus límites donde inician los derechos de los demás. Ni más ni menos, claramente", zanjó.

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