El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya cuenta con poderes excepcionales para gobernar a placer a golpe de decreto a través de la nueva Ley Habilitante aprobada el pasado martes. El régimen bolivariano utilizará esta nueva herramienta legislativa para recrudecer su particular ofensiva contra el capitalismo. Maduro y sus acólitos acusan a los "especuladores", a la "burguesía", a la oposición e incluso al Gobierno de EEUU de emprender una "guerra económica" con el fin de derribar a Maduro del poder.
En concreto, el chavismo denuncia que la creciente inflación que sufre el país, superior ya al 50% interanual, se debe a una especie de conspiración urdida entre los empresarios y el malvado imperio norteamericano para poner al pueblo venezolano en su contra. Por ello, Maduro ha ordenado rebajar el precio de numerosos productos, interviniendo comercios, deteniendo a sus dueños y animando a la población a saquear tiendas. Ahora, con la Habilitante en la mano, se dispone a decretar por ley el "precio justo" de todos los bienes y servicios del país.
El resultado de esta medida será mayor inflación y, sobre todo, escasez generalizada de muchos productos, según advierten las patronales empresariales de Venezuela. El objetivo inicial del Gobierno es imponer un baremo de ganancias de entre el 15% y el 30% como máximo en todo tipo de comercios y empresas. "Una economía de controles está condenada al fracaso, los decretos y las amenazas no se llevan bien con la economía", advertía esta misma semana Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas.
Analizar las estructuras de costos de todas las empresas del país es una labor "compleja", ya que entre negocios o compañías de un mismo sector hay variables que son difíciles de medir y realidades distintas que influyen en los costos. "Es algo absolutamente nocivo, los resultados van a seguir siendo inflación y escasez", insistía Maldonado.
Por su parte, Gilberto Gudiño Millán, director de la Cámara de Comercio y Servicios del Zulia (Ucez), advirtió este miércoles que Venezuela se encamina hacia una intensa escasez de todo tipo de bienes el próximo diciembre. "La situación es crítica, preocupante. Pasa no sólo con las tiendas de artefactos, sino con todas las de los rubros que son atacados y fiscalizados. Eso permite prever que próximamente estaremos viviendo una crisis sin precedentes, porque las empresas ya están sin stock, lo que indica que para diciembre no habrá productos", alertó. De hecho, en las tiendas de electrodomésticos, las primeras en ser fiscalizadas por el Gobierno, ya se están agotando sus inventarios, lo cual significa que tendrán que cerrar porque, simplemente, no tendrán qué vender.
El rígido control de precios que pretende imponer Maduro impedirá a muchos negocios continuar abiertos, ya que obligará a los empresarios a vender a pérdidas y, como consecuencia, están optando por no reponer mercancía, agotando así sus existencias. "Cuando la gente vaya a las tiendas, se va a molestar porque no va a encontrar lo que necesite. Diciembre será crítico realmente, eso nos causa preocupación. Se ha querido endosar esta crisis al empresariado, pero la verdad es que este sistema lo creó el Gobierno. El comercio está afectado, pero al final el consumidor será el más perjudicado", alertó.
Sin papel higiénico, el precedente
No es una mera suposición. Venezuela lleva tiempo sufriendo los perniciosos efectos del control de precios. Poco antes del pasado verano, su dramática situación económica llamó la atención de medio mundo ante la escasez de papel higiénico que sufría el país. Los problemas de abastecimiento se han ido extendiendo poco a poco a numerosos productos básicos, provocando escenas surrealistas en los supermercados, sucediéndose las carreras y los golpes para hacerse con bienes de primera necesidad.
La razón de este caos es doble: por un lado, la creciente estatalización del sector agroalimentario e industrial del país, con el consiguiente desplome de la producción nacional en numerosas áreas -petróleo inclusive-; y, por otro, el control de precios existente en este tipo de productos. Y es que, a pesar de que Maduro prevé aprobar en las próximas horas una "Ley de costos y precios justos", ya existe un decreto similar desde 2011, solo que limitado a productos básicos, tales como ciertos alimentos y también papel higiénico.
El fallecido presidente Hugo Chávez aprobó a mediados de 2011 la denominada Ley de Costos y Precios Justos, fijando por decreto el precio de un amplio listado de productos básicos, cuya supervisión y fiscalización efectúa el Gobierno a través de un organismo específico (Superintendencia Nacional de Costos y Precios). Los precios máximos de venta al público van desde el agua mineral y los zumos, pasando por jabón, champú, papel higiénico y pañales.
Su implantación respondía, entonces, a argumentos similares a los empleados ahora por Maduro para, en teoría, combatir los elevados precios: "especulación" y "usura capitalista". Sin embargo, su puesta en práctica ha provocado una creciente escasez y desabastecimiento de los bienes regulados. Empresarios y economistas advierten ahora que la extensión de los citados controles de precios a todo tipo de productos conllevará el mismo resultado (escasez). Las cifras oficiales confirman los temores de los empresarios. El 79% de los comercios de Caracas carecía de papel higiénico el pasado septiembre; en el caso de las compotas la escasez era de 15,8%, en lavaplatos, la cifra ascendía al 23,1% y en ceras para pisos al 43,1%, según el Banco Central de Venezuela.
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), manifestó que el control de precios está perjudicando a las compañías. "El control de precios está basado en precios de noviembre de 2011, estamos tocando dos años sin ajustes de precios cuando ha habido una inflación cercana al 80% y los precios son los mismos de hace dos años. Esos costos tienen que haber subido sustancialmente y los precios no han subido, por eso vemos menor oferta de algunos productos en volumen y menos variedad".
Pese a ello, nada hace pensar que Maduro esté dispuesto a corregir su contraproducente política económica. El presidente anunció el miércoles que la fiscalización de precios se extenderá este fin de semana a todos los grandes centros comerciales del país, tras los controles establecidos en las tiendas de electrodomésticos, coches, zapatos, ferreterías, etc.
Mientras, la elevada inflación sigue su curso. El control cambiario impuesto por el chavismo en 2003 está detrás de este fenómeno. Venezuela se ha convertido en un país muy dependiente de las importaciones debido al desplome de la producción nacional, y para comprar en el exterior los comerciantes están obligados a obtener dólares en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) mediante un complicado y largo proceso burocrático que no siempre culmina con éxito. Este sistema de control de cambio aumentó la demanda por dólares en la última década, por lo que emergió un mercado negro en el que el dólar se cotiza cada vez más caro (ocho veces el cambio oficial), presionando al alza el precio de muchos productos.
Por el momento, Maduro ya ha arrestado a 100 empresarios, a los que acusa de usureros, y ahora, con la Ley Habilitante aprobada, avisa: "Lo que han visto es poco para lo que voy a hacer [...] Me han dado mano de hierro".