Todo el mundo habla de ella, pero nadie está seguro de que exista. La I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) en las empresas españolas cada vez se parece más a Keyser Söze, el mítico personaje de Sospechosos habituales, del que circulaban cientos de mitos pero al que nadie había visto nunca.
Pues algo parecido podría decirse de las nuevas tecnologías o el cambio de modelo productivo. A los políticos no se les cae de la boca. Sindicalistas y miembros de la patronal le cuentan a cualquier micrófono que esté cerca que la salida de la crisis se hará de las manos de las nuevas tecnologías. Y es complicado encontrar un Telediario en el que no haya un reportaje sobre un emprendedor de Soria o de Huelva que ha inventado algo sensacional.
Sin embargo, luego ve uno las cifras reales del peso que tienen en la economía española esta clase de actividades y se le cae el alma a los pies. Esta semana, el INE publicada su estadística sobre la cuestión. Y las conclusiones no son nada buenas: España invierte menos que sus vecinos. Además, en cuanto a inversión pública no está demasiado lejos de Alemania o Francia. La diferencia fundamental está en lo que toca a las empresas, que se sitúan a años luz de sus competidoras galas o germanas. Por si fuera poco, la crisis ha acentuado esta tendencia y el gasto se ha resentido mucho en los últimos cinco años.
Como todo el mundo está muy preocupado lanzando un nuevo plan, nadie parece preguntarse por qué existe esta diferencia entre España y los países del norte de Europa. Habrá miles de respuestas. Algunos creerán que la culpa es del sistema productivo español, muy centrado en los servicios, un sector en el que no hay mucho gasto en I+D+i. Otros apuntarán a la falta de subvenciones públicas, aunque en realidad el nivel en proporción al gasto es superior a Francia o Alemania. Y habrá quien apele a la cuestión cultural y la falta de iniciativa del empresario nacional. En cualquier caso, hay tres cuestiones que sobresalen del resto y afectan directamente a esta realidad.
Un muro de burocracia
Cualquier empresa, de cualquier país que se plantee invertir en I+D+i necesita seguridad jurídica, facilidades administrativas y flexibilidad. En realidad, todo esto sería positivo para cualquier clase de compañía, pero cobra aún más importancia en el caso de las nuevas tecnologías.
Se ha repetido mucho que España figura en la cola de Europa en los ránkings de libertad económica. Y es cierto. En el más famoso del mundo, el que publican cada año The Wall Street Journal y la Fundación Heritage, nuestro país aparece en el puesto 46, a gran distancia de casi todas las potencias occidentales. En el Doing Busines que realiza el Banco Mundial, la posición global es la 52º. Los principales culpables son un rígido mercado laboral (puesto 117 en esta categoría en el primero de los ránking) y las trabas burocráticas que enfrentan los empresarios (142 en este epígrafe del DB).
Es lógico. No se debe pensar sólo en el manido tópico (que en este caso es cierto) de las dificultades para abrir un negocio. En lo que hace referencia a la I+D+i, más allá de si se tarda una semana o cinco en abrir una empresa, lo importante es lo que ocurre una vez ésta se encuentra en marcha. Cualquier compañía que quiere competir en los últimos avances tecnológicos necesita flexibilidad para todo: para abrir una planta, para dividir la empresa, para contratar y despedir, para comprar en el extranjero, para fichar a un investigador durante unos meses,... Si cada empresa es un mundo, en el caso de aquellas que están a la vanguardia, esta tendencia es aún más acusada.
Los empresarios lo han repetido en cientos de ocasiones. No es posible un proyecto a medio plazo con un millón de páginas de nuevas regulaciones cada año sobre la mesa. Y con cientos de requisitos que cumplir cada vez que se quiere hacer el más mínimo cambio.
Cuestión de tamaño
Las leyes españolas no sólo incordian a los empresarios, a veces, directamente, suponen un freno a su crecimiento. En Libre Mercado, ya hemos denunciado como la normativa suele limitar las ayudas a las compañías más pequeñas (de menos de 10-50-100 trabajadores, según las circunstancias) y penaliza a aquellos negocios que tienen éxito y van aumentando de tamaño.
Este tipo de legislación tiene un efecto directo en la competitividad de las empresas. A igualdad de tamaño, las españolas son igual de productivas que las alemanas (por poner sólo un ejemplo), lo que les falta es dimensión. En el caso de la I+D, también esta situación adquiere incluso más importancia. Es difícil que una empresa de 10-15 empleados pueda permitirse el lujo de tener un departamento para este tipo de actividades.
Los datos incluidos en el informe de Cotec La innovación española en 2020 confirman esta tendencia. Sólo el 7,7% de las empresas españolas tienen más de 10 empleados, mientras que las alemanas son el 17%. En general, en el país germano el tamaño de las compañías es mayor en todas las categorías y esto se acaba notando, y mucho, en su disposición a la I+D (aunque está claro que no es el único factor): "Por lo que respecta al porcentaje de empresas con actividades innovadoras, la situación española es también desfavorable respecto a otras economías europeas. Así, en 2008, mientras que el 80% de las empresas alemanas con más de diez empleados afirmó realizar este tipo de actividad, en España no llegó a la mitad. Hicieron innovación tecnológica solamente el 32% de las empresas españolas frente al 64% de las alemanas, y las que realizaron actividades de I+D apenas sobrepasaron el 11%, mientras que en Alemania eran el 31%".
El coste de la excelencia
La última de las contradicciones con las que España encara el tema de la I+D+i tiene que ver con los impuestos. Por un lado, los políticos no dejan de hablar de un cambio de modelo y de la necesidad de invertir en nuevas tecnologías. Por el otro lado, aprueban una legislación tributaria que imposibilita, en la práctica, que las emrpesas puedan competir con sus rivales en el extranjero.
España es uno de los países con las cotizaciones sociales más elevadas (29,9%), con unos tramos de IRPF que más penalizan a partir de cantidades muy bajas y con un impuesto efectivo sobre las ganancias (20,9%) que está entre los cinco más elevados de la UE. Por ejemplo, de cada 100 euros que paga un empresario, al trabajador le llegan 58,6 euros. Es cierto en Alemania o Suecia lo que se queda su Hacienda directamente de la nómina es más que en España. Pero en países como Dinamarca, Holanda o Noruega, por poner tres ejemplos, el peso de impuestos directos y cotizaciones es menor que en España.
Evidentemente, esto tiene un reflejo directo en el día a día de las empresas. Si quiere competir en la contratación de un licenciado del MIT o de Stanford para su departamento de I+D, tendrá que ofrecer buenos sueldos. Y si a esos salarios se le añaden el coste extra de unos tributos desaforados, todo será más complicado. La excelencia tiene un coste. Y eso no es fácil de compatibilizar en un país dominado por una retórica anti-ricos y en la que los dos grandes partidos piden más impuestos "para los que más ganan".
