Alberto Fabra, presidente de la Generalidad Valenciana, ha puesto fin a 24 años de historia de la Radio Televisión Valenciana. El Gobierno valenciano ha anunciado el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) tras anular el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la sociedad, que afectó a un millar de trabajadores. El Gobierno de la Generalidad ha publicado un comunicado en el que destaca que, después de la sentencia del ERE se hace inviable aguantar los costes de readmitir a 1.000 empleados por lo que se procede a "la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico".
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ya anunció el pasado 20 de septiembre que si se anulaba el ERE "no podría permitirse una televisión pública con casi 1.300 trabajadores". Este miércoles el propio presidente de la Generalidad, Alberto Fabra, explicará ante los medios el cierre de la televisión y radio pública.
La deuda acumulada y asumida por el gobierno autonómico supera los 1.000 millones de euros. "Una cifra que dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento", asegura la Generalidad en el comunicado.
En esta complicada situación, se abrían dos caminos: el cierre de la empresa o el redimensionamiento de la misma, lo que se pretendía con la propuesta del ERE para un millar de trabajadores que ha sido tumbada este martes por el TSJCV. Pese a que el gobierno valenciano asegura en el comunicado que la voluntad siempre ha sido "mantener abierta RTVV", ha dejado caer en más de una ocasión su intención de cerrarla si no se alcanzaba un acuerdo en materia laboral.
La Generalidad asegura que "el proceso de ejecución del ERE siempre ha correspondido, en exclusiva, a la dirección de la empresa pública" ya que tenía entidad jurídica propia. Sin embargo, este martes, el TSJCV declaraba nulo el expediente de regulación de empleo por, entre otros motivos, aplicar el "criterio social sólo para trabajadores afectados por el ERE que, en el momento de la aplicación, aún realizaban sus funciones en la empresa". Según la sentencia, el ERE vulnera el derecho fundamental a la igualdad tal y como señala el Tribunal.
Descartada entonces la primera vía, el camino de redimensionamiento de la televisión pública valenciana quedaba suspendido y "sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico", dice el comunicado. "La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalidad no puede asumir en estos momentos", manifiesta el gobierno regional.