Todavía no he llegado a una conclusión que me convenza del fundamento sobre el que se asientan las numerosas y viscerales críticas a la decisión de bajar los impuestos; una decisión verdaderamente excepcional. ¿Será quizá que la envidia, de ser una enfermedad, se ha convertido en una epidemia entre la población española? También de aquellos que no les gustaría ser identificados por este gentilicio.
Mis dudas se mueven por un itinerario que, partiendo de la envidia, discurre por la incapacidad, pudiendo situarse, también, en la indolencia. Entre los pronunciamientos políticos en contra de la disminución de impuestos, los encontramos que, encubiertos por la descalificación, desvelan que en el fondo late la admirada expresión de "qué más quisiera yo". En definitiva la envidia del deseo que no puedo alcanzar, y de la acción política que no me atrevo a implantar.
Otra posibilidad es la de la incapacidad política de quien ejerce el gobierno a cualquier nivel para hacer lo que debe de hacer, aunque sea enfrentándose a quien se tenga que enfrentar. Naturalmente que semejante enfrentamiento sólo lo pueden hacer los Gobiernos con una gran fortaleza política, además de con un gran desprendimiento, dispuestos a asumir el arriesgado reto de la matemática electoral, que pueda desplazarles del puesto detentado.
Si el actual panorama político es el de la debilidad generalizada de líderes y gobernantes, con un ocaso casi total de ideas sólidas y de ideología, parece natural que la incapacidad ante el qué hacer sea la nota política predominante. De aquí el recurso a la crítica, en ocasiones amenazante, porque, para lo que se es incapaz, resulta humillante reconocer la capacidad en aquel al que se critica.
Finalmente, puede tratarse de simple indolencia. Eludir la acción es, para algunos, la menos comprometida de las decisiones políticas; decidir no hacer también es una decisión, y, como tal, implica una opción política, como cualquier otra de las posibles.
Por otro lado, repasando los objetivos de una política pública, concluiremos que el establecimiento de impuestos no es, de suyo, un objetivo. El objetivo es asignar a la población bienes públicos que, debido a sus características, no pueden ser asignados por el mercado. Decididos los bienes que hay que asignar y sus cuantías, su coste, en términos de la mayor eficiencia, tendrá que ser financiado por impuestos, y éstos habrán de ser lo más bajos posible.
No puede olvidarse que el contribuyente, en tanto que generador de rentas, experimenta un sacrificio al pagar los impuestos, por lo cual minimizar su sacrificio sí que debe ser un objetivo público. Además, hay evidencias suficientes para afirmar que el sector público, cuando gasta mucho, gasta mal; las bolsas de ineficiencia se multiplican. Por ello es saludable asistir a una disminución de impuestos, aunque malhumore a muchos que se sienten incapaces de hacerlo. La patología de preferir que el dinero propio esté en manos del Estado, de la comunidad autónoma o del ayuntamiento de turno merece inmediata atención facultativa, diagnóstico y tratamiento; posiblemente, psiquiátrico.