El Parlamento aprobó ayer una ley que permite reducir los impuestos del 55% al 10% a los casinos de cara a la instalación en Tarragona de BCN World, el macrocomplejo de ocio que impulsa el empresario valenciano Enrique Bañuelos,
Mientras que en Madrid el PSOE ha cargado duramente contra las ventajas fiscales que va a otorgar Ignacio Gónzaléz a Adelson, si instala su macrocasino en la capital, en Cataluña no le parece tan mal. De hecho, su abstención ha provocado que salga adelante la ley ya que sólo ha sido apoyada por CiU, y ERC.
El pleno del Parlamento ha rechazado las tres enmiendas a la totalidad de la ley sobre centros recreativos turísticos que habían presentado ICV-EUiA, la CUP y Ciutadans, por lo que proseguirá su tramitación en comisión.
El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ha justificado el proyecto de ley para encajar el macrocomplejo de casinos y hoteles BCN World como una oportunidad de competir en este ámbito con los grandes destinos mundiales consolidados.
"Es una oportunidad de combinar el turismo que ya tenemos, el familiar y estacional, con el turismo de negocio, que es una actividad creciente con valor añadido y competir así con destinos mundiales consolidados", ha defendido Mas-Colell, que se ha quedado solo en la defensa de este proyecto.
Mas-Colell ha comparado las críticas que recibe este proyecto con las que tuvo Port Aventura cuando se instauró. "Había muchas dudas sobre los inversores y se decía que cambiaría el modelo de turismo, pero al final se ha convertido en un referente internacional de turismo familiar", ha aseverado.
El proyecto de ley ha recibido duras críticas por parte de otros grupos parlamentarios y todos, excepto ERC, han coincidido en criticar la voluntad del Gobierno de comparar Cataluña con ciudades como Singapur.
"Se ponen el traje de croupier para hacerle un traje a medida a unos inversores especulativos", ha criticado Jordi Cañas (Ciutadans), que ha acusado a la Generalidad de jugar "a la ruleta rusa" con el futuro de los ciudadanos.
Tanto la CUP como ICV-EUiA han cuestionado el modelo de inversión que pretende hacer el Gobierno y las consecuencias medioambientales que puede tener el proyecto, y David Fernández (CUP) ha avisado de que "quien no juega al póquer no pierde".
Por parte de ERC, Pere Aragonés ha considerado que se deben evaluar los costes y beneficios de este proyecto y que, si bien es cierto que en la zona de Tarragona hay un desempleo "mayor que la media de Cataluña, la experiencia nos dice que proyectos de este tipo tienen dificultades".