Este martes, tenía lugar en el Congreso el pleno sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año. Cristóbal Montoro ha asegurado que estas cuentas están comprometidas con la austeridad, el equilibrio, y con encauzar las finanzas hacia la estabilidad presupuestaria. Enfrente, la oposición le ha dado, al menos implícitamente la razón. Todos los portavoces, empezando por Alfredo Pérez Rubalcaba, le han reprochado al Gobierno su política de recortes.
Sin embargo, una mirada más atenta al detalle muestra una imagen muy diferente. Ninguna de las grandes partidas de gasto se reduce. El lunes, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentaba su análisis de los PGE 2014. Su conclusión es clara:
"El esfuerzo del Gobierno por reducir el gasto en estas Cuentas ha sido nulo. Se ha renunciado a seguir avanzando en el camino de la consolidación presupuestaria y se fía el cumplimiento del objetivo de déficit al aumento de los ingresos derivados de la mejoría de la actividad económica y de medidas que suponen un incremento de la presión fiscal".
La mochila de la deuda
Cuando el ministro de Hacienda presentó los PGE hace algunas semanas, en Libre Mercado ya alertamos de que a pesar de todo lo que se hablaba de "austeridad" desde un lado o "recortes" desde el otro, en realidad las cuentas públicas incluían un aumento del gasto de 15.000 millones de euros si se incluyen las operaciones financieras y de 5.500 millones si no se incluyen (ver siguiente tabla):
Lo primero que llama la atención son los capítulo de intereses de la deuda, activos financieros y pasivos financieros. Es decir, el servicio de la deuda ya emitida y la refinanciación de la que vence en 2014. La primera partida sumará 36.662 millones y la segunda 68.605 millones. Hablamos de 105.000 millones, un 25% de los PGE destinados sólo a este concepto. Y a esto habría que añadirle los 40.000 millones de activos financieros (básicamente los instrumentos de financiación que el Estado pone a disposición de las comunidades autónomas o para el fondo de rescate europeo).
Es cierto que la refinanciación se consigue emitiendo nueva deuda, por lo que no es un gasto que tenga que financiarse con impuestos. Es más bien una patada hacia delante. Por eso, tanto esta partida de pasivos financieros como la de activos financieros se sacan normalmente del análisis (no así los intereses). Se entiende que no son gasto como los demás.
Pero eso no quiere decir que no pesen en la mochila. Para empezar, porque el aumento total de la deuda, aunque se refinancie a sí misma cada año, tiene implicaciones en los años posteriores. Vamos, que cada día habrá que pagar más intereses. Como ya hemos dicho, en 2014 esta partida ascenderá a 36.000 millones. En los PGE, se preveían 38.000 en este concepto. Pero el avance de liquidación apunta a que se quedará en 31.000 millones. Es decir, que habrá un incremento real de más de 5.000 millones sólo en el pago de intereses de la deuda.
En total, el servicio de la deuda ha pasado de 50.432 millones en los PGE de 2009 (32.781 por refinanciaciones y 17.651 en intereses) a 104.950 millones para el próximo año. O lo que es lo mismo, del 4,8% del PIB a más del 10%.
En muchas ocasiones, escuchando a los políticos, parecería como si no fuera tan importante el incremento de deuda. Se ha llegado al 100% del PIB en términos absolutos, pero siempre parece que se pagará en el largo plazo, que hay margen para afrontar esta partida. Sin embargo, viendo la tabla anterior es fácil percatarse cómo el despilfarro de 2009 ya se está pagando. Y con creces. Los críticos del gasto público recuerdan a menudo que la deuda pública la acabarán pagando los hijos de los actuales contribuyentes; eso es cierto, pero no lo es menos que también la pagarán, en muy poco tiempo, esos contribuyentes a los que se les dice que es necesario que el Gobierno siga gastando.
Las demás partidas
Si el análisis se realiza por capítulos de gasto, como hace el IEE, puede verse que las transferencias corrientes se comen más de la mitad de los PGE, unos 231.000 millones. Hablamos fundamentalmente de pensiones (131.000 millones), prestaciones por desempleo (unos 29.000 millones en total) y transferencias a otras administraciones públicas (fundamentalmente a las CCAA).
Siguiendo el análisis del IEE, puede verse que excluyendo todas estas partidas, junto a algunas otras como las clases pasivas, quedan unos 20.900 millones en transferencias corrientes sobre las que el Gobierno tiene "una capacidad de disposición mayor". Hablamos fundamentalmente de subvenciones y ayudas. Pues bien, en esta cuestión lo que se produce es un incremento de 180 millones respecto a los PGE de 2013.
Está claro que si alguien quiere enfrentar el problema del déficit en España tendrá que ajustar las transferencias corrientes. El IEE apunta que eso sólo podrá hacerse vía "reformas estructurales". En este sentido, los autores admiten que hay que esperar a ver los resultados de la reforma de las pensiones, que "ya representan el 11% del PIB y vienen creciendo a un ritmo de unos 5.000 millones anuales".
Desde hace años, la única partida que ha ido disminuyendo en los PGE ha sido la de las inversiones reales (capítulo VI). En esta ocasión, de nuevo, se pasa de 5.247 a 4.732 millones, un 9,8% de descenso. El IEE recuerda que la inversión del sector público "no sólo se instrumentaliza por la vía del capítulo VI, sino también por la del capítulo VII (trasnferencias de capital) y capítulo VIII (adquisiciones de activos financieros). Según puede verse en la siguiente tabla, el total de inversión recogido en los PGE apenas cae un 2%.
Al final, lo que queda son unos PGE en los que prácticamente todas las partidas importantes suben (o, como mucho, bajan ligerísimamente). El Gobierno siempre ha defendido que es casi inevitable que el montante total suba, porque hay aspectos de gasto no dispositivo (desde intereses a pensiones) que no es posible tocar. De hecho, normalmente Cristóbal Montoro destaca el gasto de los ministerios (que ronda los 40.000 millones, menos del 10% del total. Lo demás es casi como si no importara.
Pero claro, incluso quitando todas estas cosas, según las cuentas del IEE "el gasto sobre el que el Gobierno tiene margen de maniobra (quitando financiación a administraciones territoriales, UE, MEDE, costes del sistema eléctrico, deuda pública, pensiones, desempleo, otras prestaciones, pago a proveedores, FLA,...) se incrementa en unos 200 millones de euros sobre los PGE-2013".