Recuerdo una conversación organizada por la Fundación Melquiades Álvarez. Estaban unos técnicos muy orgullosos relatando la importancia de la regasificadora de El Musel, el importante puerto de Gijón. Cuando explicaron su localización expuse mi crítica. En el extranjero las regasificadoras se instalan a gran distancia –incluso en islas artificiales– de las zonas urbanas. Los datos que me daban indicaban que lo que posteriormente construiría Enagás, una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, incumplía ciertas condiciones. Me contestaron que técnicamente lo que yo decía no tenía sentido, que eso eran manías exteriores, que la seguridad de lo que se levantaba en Gijón era plena, y que además venía muy bien para la economía asturiana.
Ahí acabó aquella pequeña polémica, donde unos expertos despreciaban a un economista que sólo podía aducir datos leídos en textos extranjeros.
Y ahora, como se lee en El Comercio de Gijón, el pasado día 5, en un titular a toda plana, y en multitud de informaciones complementarias, los tribunales –concretamente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid– han anulado la licencia que permitió construir la regasificadora en El Musel a una distancia menor de 2 kilómetros de los núcleos de población.
Es un golpe a la industria de Asturias y a su desarrollo, pero se trata de algo conocido en el mundo, incluso ya comenzaba a plantear problemas –léanse en El Comercio del día 6 las reacciones de vecinos de las instalaciones a la polémica–. Dichos problemas se mezclan, por desgracia, con posturas ecologistas llenas de errores, como los que se encuentran en el artículo de Pilar Calvo "Lecciones aprendidas", publicado al hilo de esta cuestión en El Comercio el día 7 y donde se pasa a discrepar de todo lo que puede servir para el desarrollo industrial de Asturias recurriendo a argumentario ecologista.