Lampedusa. El nombre de esta pequeña isla, más cercana a África que a la península itálica, quedará durante mucho tiempo en el imaginario colectivo como símbolo de la tragedia de la inmigración ilegal. La muerte de más de 300 inmigrantes, tras el hundimiento del barco que les transportaba, ha removido las conciencias.
Políticos, sindicalistas, empresarios, líderes religiosos, columnistas... Todos se preguntan cómo hemos podido llegar hasta aquí. Cómo la UE, el estandarte de los derechos humanos, el paladín de la democracia, consiente que continúe este drama que acaba cada año con la vida de miles de personas y que se desarrolla a unos pocos kilómetros de sus costas.
Cada cual tendrá un culpable: las mafias, las leyes anti-inmigración, los gobiernos de los países de origen, la globalización... Lo cierto es que hay cientos de causas detrás de la decisión de cada una de estas personas: la pobreza en su lugar de origen, la falta de libertades, el desconocimiento de lo que se encontrarán en su nueva vida, guerras, hambrunas...
Pero no estaría de más que Europa, la Vieja Europa, y cada uno de sus ciudadanos se pregunten por los motivos últimos que llevaron a algunos de estos jóvenes a dejarlo todo y arriesgar sus vidas en una incierta travesía. Porque mientras con una mano se lamenta su suerte, con la otra se aprueban leyes que les cierran todas las alternativas, que les empujan a emprender ese viaje que puede ser el último de sus vidas. Es evidente que nadie quiere que se produzca una tragedia como ésta. Pero, ¿estamos dispuestos cada uno de nosotros a tomar todas las medidas que ayuden a evitarla? ¿Cuánto hay de hipocresía en el lamento por lo ocurrido en Lampedusa?
¿Sin alternativas?
Nadie deja su tierra natal en estas condiciones, arriesgando su vida, si no se ve obligado a hacerlo. Detrás de la inmigración ilegal está el drama de la pobreza. Eso es evidente. Pero lo que no está tan claro es que los países del Tercer Mundo no tengan alternativa.
África, por ejemplo, tiene dos activos muy importantes: tierra y mano de obra barata. Quizás no esté preparada todavía para una industria manufacturera de cierta complejidad, pero tanto en lo que hace referencia a materias primas como a industrias básicas, los países subsaharianos podrían ser competitivos. Si les dejamos.
EEUU y la UE llevan décadas manteniendo artificialmente determinados sectores, precisamente aquellos en los que los países pobres tendrían más oportunidades. Por ejemplo, la famosa Política Agracia Común (PAC) se lleva cada año cerca del 40% del presupuesto comunitario. En 2013, entre subvenciones directas al mercado y desarrollo rural, la UE se gastará más de 60.000 millones de euros.
Y no hay sólo hablamos de ayudas a la agricultura o la ganadería. Numerosos sectores acabaran grandes subvenciones para mantener artificialmente altos los precios o proteger a sus industrias de la competencia foránea. La famosa Ronda de Doha, que debía liberalizar el comercio mundial, lleva empantanada una década, en gran parte debido a que los países ricos no quieren reducir las ayudas a sus productores.
Curiosamente, estas millonarias ayudas no han logrado revitalizar ninguna de estas industrias. La agricultura europea es un enfermo crónico desde hace décadas. Y los productores se quejan, con razón, de que viven en uno de los sectores más intervenidos, con más regulaciones y más exigencias legales. Es decir, por un lado se les acosa con cientos de normativas y exigencias que les dificultan competir en un mercado abierto; y luego, como compensación, se les otorgan unas ayudas concedidas según los particulares criterios de la burocracia bruselense.
Mientras tanto, en otros países se ha dado la vuelta a la tortilla. Nueva Zelanda, en la década de los ochenta, inició una revolución, cambiando subvenciones por una liberalización del sector. ¿El resultado? La contribución de la agricultura al PIB nacional ha crecido en las últimas décadas, un caso único entre los países desarrollados.
¿Globalización?
Ya que no abrimos las fronteras para sus productos, la segunda opción que en teoría les queda a estos países africanos para empezar a crecer podría ser fabricar más barato algunos bienes de poco valor añadido. Pero tampoco los gobiernos y los sindicatos europeos parecen muy dispuestos.
De hecho, en el Viejo Continente se ha hecho bandera de la lucha con la "deslocalización", el nombre que se le ha dado al cambio de lugar de las instalaciones productivas. En muchos casos se paga a las compañías para que no se vayan y en otros se multa a las que finalmente lo hacen. En Francia, por ejemplo, su ministro de Reindustrialización, Arnaud Montebourg, es conocido como "el desglobalizador", por sus amenazas a las industrias que osen establecerse en países del Tercer Mundo. Y no es una excepción. Entre la izquierda europea son mayoría abrumadora los que comparten las medidas proteccionistas del Ejecutivo socialista francés.
Europa no intenta mantener su tejido productivo a base de incrementar la productividad o cambiando de actividades hacia tareas de más valor añadido, inalcanzables para países en vías de desarrollo. La idea es meter el miedo a las empresas con pérdidas inmediatas en mercados que siguen siendo muy potentes.
La consecuencia visible es que la planta inicial no cierra, con lo que se salvan algunos empleos; la secundaria es que no abre la que tenían previsto en África, con la pérdida que eso supone para una comunidad muy necesitada. La derivada final podría ser que un chico que habría encontrado trabajo a unos kilómetros de su casa tiene que emprender un viaje muy largo para ganarse la vida. Y todo esto por no hablar de las leyes anti-inmigración que se encuentran al llegar a nuestras fronteras, una cuestión muy compleja en la que se mezclan política exterior y de seguridad, sostenibilidad de las cuentas públicas, competencia por las ayudas estatales, normativa laboral, protección al trabajador nacional,... El caso es que al final, después de una odisea de miles de kilómetros, ni siquiera se les permite competir con lo único que tienen: su capacidad de trabajo, su juventud y sus ganas de prosperar.
¿Limosna?
Normalmente, la política europea respecto a África, en lo que tiene que ver con el dinero, se ciñe a la llamada "ayuda exterior al desarrollo", es decir, transferencias directas de dinero a países necesitados.
Hace tiempo que los economistas han denunciado los problemas de este tipo de programas. En primer lugar, los más beneficiados muchas veces acaban siendo los propios gobiernos que han sumido a su país en la pobreza. Su papel como distribuidores de la ayuda les consolida en el poder, alienta la corrupción y aumenta el clientelismo.
No sólo eso, el envío de ayudas tiene influencia directa en los mercados del Tercer Mundo. Se ha dado el caso de productos europeos subvencionados o semi-regalados que han desplazado a productores locales. Cuando al año siguiente no ha llegado la remesa de las ayudas, que se ha dirigido a otro lugar, ha quedado un agujero: ni hay industria, ni productos.
En 2008, un puñado de economistas de diversas tendencias se reunió en el llamado Copenhagen Consensus, con el objetivo de enfrentarse a la pobreza en el mundo. La idea era repartir 75.000 millones en proyectos que de verdad sirvieran para este objetivo. Pues bien, su conclusión principal es que la medida más efectiva (y gratuita) sería liberalizar por completo el comercio mundial, que podría llegar a generar hasta 3 billones de dólares de beneficios globales cada año, de los que 2,5 irían a países en vías de desarrollo.
Palabra de africana
Hace unos años, Dambisa Moyo, una economista de Zambia, doctora por la Universidad de Oxford, publicó un libro que ha tenido bastante éxito, Dead Aid (en español, Cuando la ayuda es el problema), en el que explicaba por qué Occidente se estaba equivocando en su política respecto a África y qué tendría que hacer para cambiar de verdad las cosas. Las siguientes son algunas de las frases más esclarecedoras del volumen:
"Entre 1970 y 1998, en el período culminante de la ayuda, la pobreza en África aumentó desde un 11% hasta un alarmante 66%. (…) No hay ningún otro sector, empresarial o político, donde se permita que fracasos tan estrepitosos perduren ante pruebas tan evidentes e incontestables".
"En la búsqueda desesperada del donante por encontrar a quién prestar y mantener la balanza prestamista-prestatario, la relación de la ayuda inclina la balanza a favor del Gobierno corrupto. Casi hasta llegar al absurdo en el que el donante tienen más necesidad de entregar la ayuda [que sale de sus presupuestos públicos] que el país receptor de recibirla".
Sobre las subvenciones a la agricultura: "Parecería que para Occidente todo es sagrado: acero, algodón, azúcar, arroz, trigo, maíz, soja, miel, lana, lácteos, cacahuetes, garbanzos, lentejas y hasta el mohair. Estas subvenciones tienen un doble impacto: los productores occidentales venden sus productos en su propio país a consumidores que no tienen más alternativas que dichos productos a precios superiores a los de mercado; y pueden permitirse desprenderse del excedente de producción a precios más bajos en el extranjero".
"Un mal Gobierno no puede emplear mal [año tras año] el dinero de la deuda pública. Pero algunos líderes africanos sí pueden derrochar el dinero de la ayuda uno y otro año. Si robasen la emisión de bonos o cobrasen impuestos punitivos a sus exportadores, los prestamistas no volverían a prestar y los exportadores dejarían de exportar".