En la documentación que el Gobierno ha presentado para justificar las cuentas públicas del año próximo ha pasado prácticamente desapercibido un documento que, sin embargo, actúa como elemento vertebrador de toda la política presupuestaria del ejecutivo de Rajoy de cara al siguiente ejercicio.
Se trata del "informe de impacto de género", un estudio que, por ley, ha de realizarse sobre cualquier norma legal promulgada por las administraciones públicas y, en el caso de los presupuestos generales, debe hacerse público en las páginas del diario oficial correspondiente. La obligación de realizar este informe surge de una ley aprobada bajo el Gobierno del Partido Popular en 2003 (Ley 30/2003, de 13 de octubre), que incorpora a nuestro ordenamiento legal los acuerdos incluidos en el "Pacto Europeo por la Igualdad de Género" suscrito en su día por los países miembros de la Unión Europea.
En esencia se trata de determinar el "impacto de género" que tienen los programas de los distintos departamentos ministeriales, para lo cual todos los centros de gasto incluyen apartados destinados expresamente a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en sus distintos ámbitos. Aunque por el carácter transversal de las medidas incluidas resulta imposible determinar cuánto costará al contribuyente español el "impacto de género" en 2014 (el documento no lo cuantifica), es evidente que la perspectiva de género tiene una sensible influencia en el capítulo de gastos de los presupuestos generales por el número y la entidad de las medidas destinadas a ese fin.
En concreto, la "perspectiva de género" se incorpora a las subvenciones que se entregan a las ONG que operan en otros países, en las cuales se presta una gran atención a la "salud sexual y reproductiva" de la mujer y a otros programas destinados a fomentar la igualdad de género. Otro campo de gasto importante es el formado por los miles de cursos de formación que la administración pública subvenciona o lleva a cabo directamente, los cuales suelen incluir programas destinados a educar en igualdad o a evitar el lenguaje sexista. Pero tal vez lo más sorprendente sea la disposición que obliga a tener en cuenta también la "perspectiva de género" en los contratos que celebre la administración, en cuyo proceso de licitación se ha de valorar que los proveedores apliquen "medidas de igualdad de género" en sus empresas para poder optar a la adjudicación de que se trate.
Para comprobar el impacto de género de los presupuestos generales existe una comisión formada por "especialistas en igualdad" y técnicos en gestión presupuestaria, encargada de realizar el informe de 380 páginas con que el Gobierno da cumplimiento al mandato legal citado al principio.
Con ello, según el Ejecutivo, se pretende "consolidar la imagen internacional de España como país líder en el desarrollo de las políticas de igualdad", la mayoría de las cuales fueron implantadas por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a lo largo de sus dos legislaturas.