Tras las numerosas polémicas, el tranvía, los tres presupuestos municipales anulados por la Justicia y diversos escándalos, las cuentas públicas del Ayuntamiento de Parla han llegado al límite: el PSOE e IU han votado este lunes en el pleno municipal acogerse al plan diseñado por el Gobierno para los municipios en situación de emergencia y cuyas exigencias venían marcadas en el Real Decreto Ley 08/2013 de 28 de junio.
La petición del Ayuntamiento, que ha llegado a esta situación tras casi 10 años de gobierno de Tomás Gómez y cinco de su sucesor José María Fraile, se basa en tres puntos, el primero de los cuales es reducir a un 25% el porcentaje de la Participación en Tributos del Estado para los cuatro ejercicios desde este mismo 2013 hasta el 2016.
El segundo y el tercero se refieren a que el consistorio pueda renegociar deuda: para empezar poder convertir en deuda a largo plazo 35 millones cuyo vencimiento está cercano, y además poder financiar a largo plazo los 20 millones de déficit que dejaron los gastos generales durante el ejercicio del 2012.
La petición supone en la práctica un rescate y la intervención del Gobierno en las cuentas de Parla, ya que el citado Real Decreto prevé incluso bloquear cuentas municipales para garantizar que el dinero traspasado por el Estado se dedique a la finalidad prevista.
Además, sumarse al plan significa adquirir el compromiso de subir algunos impuestos y de crear nuevas tasas, ya que los ayuntamientos que aceptan este rescate se comprometen a que los vecinos cubran el 100% del coste de los servicios públicos que se prestan, ya sea de forma directa o a través de gestión privada, como es en la mayoría de los casos en Parla.
Esto afectará a servicios como escuelas municipales, ayuda a domicilio, instalaciones deportivas y, lo más importante o al menos lo que afectará a todos, la limpieza viaria y la retirada de residuos, es decir, que Parla tendrá que crear una "tasa de basuras".
El segundo de España
Con la aprobación municipal de este lunes, Parla se convierte en el segundo ayuntamiento de España en solicitar este rescate, después de que Alicante lo hiciese la pasada semana.
La petición de Parla llega, eso sí, después de un rosario de problemas e irregularidades difícilmente comparables a las de cualquier otro consistorio español: tres presupuestos municipales han sido declarados ilegales por la Justicia, dos bajo mandato de Gómez -2003 y 2005- y un tercero –el de 2009- ya siendo alcalde José María Fraile.
Además, José María Fraile ha sido imputado por el caso de los sobresueldos a trabajadores municipales y, por si esto no fuese suficiente, también en el famoso tranvía se ha visto ensombrecido no sólo por su desastroso resultado económico sino incluso por dudas muy graves sobre el destino de decenas de millones de euros.
La situación económica de Parla se conocía desde hace tiempo y ha sido provocada, sobre todo, a partir de la desastrosa gestión de Tomás Gómez, que acumuló no sólo las millonarias deudas del tranvía sino un sinfín de facturas sin pagar.
De hecho, Parla se acoge a medidas de rescate del Gobieno por tercera vez, después de haber pedido más de 200 millones de euros en el primer plan de pago a proveedores y de haberse sumado también al de 2013.