La tasa Tobin no está teniendo una aprobación fácil y ha tenido otra oposición en su propia casa. No sólo una gran mayoría de países no la quiere aplicar sino que los propios servicios legales del Consejo de la Unión Europea han dictaminado la ilegalidad del impuesto de acuerdo con las leyes europeas. Algo que ha reforzado las dudas y las posiciones contrarias a la aplicación del tributo.
Si, aun con estos argumentos, finalmente se implementara el gravamen, estaremos ante un nuevo escenario en el que los Gobiernos de la UE podrán formar grupitos para crear impuestos sin necesidad de tener que alcanzar la unanimidad, que hasta ahora actuaba como freno.
Informe contrario del Consejo de la UE
Los propios abogados del Consejo de la UE emitieron hace unas semanas un informe en el que se concluía que la actual configuración del impuesto iba en contra del derecho comunitario. En concreto, se habla de la ilegalidad de la cláusula sobre la "residencia asimilada" que confiere a este impuesto un carácter extraterritorial (que afecta a los países que no lo aplican).
De acuerdo con esta medida, aunque una entidad financiera radique en un país que no imponga este impuesto deberá someterse a él cuando la otra parte de la transacción sí sea residente de un país que aplique el impuesto. Según los abogados del Consejo, esta medida no se justifica por la probable re-localización que habría de las operaciones, tampoco es proporcionada y discrimina las operaciones transfronterizas dependiendo de los Estados europeos implicados.
A lo que cabría añadir las consecuencias económicas no mencionadas por los abogados, como la destrucción de empleo, la traslación del impuesto vía precios a los consumidores, la distorsión sobre la oferta y demanda del crédito, y, por ende, en la economía, etc.
Una mayoría de países, en contra
Desde el principio, la mayoría de países no estuvo a favor de la aplicación de este impuesto. De hecho, tan sólo 11 de los 28 Estados Miembro decidieron aplicarlo. Tal fue la falta de consenso, que estos 11 Estados (entre ellos, España) tuvieron que solicitar un procedimiento especial conocido como "cooperación reforzada", que evita la unanimidad y permite la adopción de acuerdos entre un subgrupo de países de la UE siempre que, entre otras condiciones, lleven a una integración superior de los miembros que lo suscriben y no perjudiquen el comercio interior ni la cohesión económica y social. Algo que ahora se pone en duda.
El resto de gobiernos que no aplicarán el impuesto (especialmente, Suecia, Luxemburgo, Países Bajos, y República Checa) se divide entre aquellos sabedores (hasta la fecha) de las nefastas consecuencias económicas del impuesto, y aquellos que esperan el experimento de los 11 para sopesar si posteriormente se suman a la iniciativa.
Ha sido Reino Unido, con su potente sector financiero, el que ha abanderado una postura claramente contraria a la aplicación del impuesto, fundamentalmente por dos razones. La primera, evitar que recaiga sobre la City un impuesto desastroso. Además, si realmente llega a aplicarse en los demás países de la UE, Londres se verá beneficiada acogiendo las ingentes cantidades de transacciones que se relocalizarán hacia suelo británico. La segunda razón es algo más técnica: el Reino Unido quiere evitar por todos los medios la extraterritorialidad, es decir, que sus instituciones financieras tengan que someterse al impuesto aun siendo británicas.
Por ello, el Gobierno de Londres presentó un recurso en abril ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evite la aplicación de la tasa, argumentando, básicamente, que perjudica a los Estados Miembros no participantes, que la cooperación reforzada en este asunto perjudicará a los países no integrantes, y que es un impuesto que no se atiene a la reglas internacionales de fiscalidad.
La Comisión seguirá adelante y EEUU mira de reojo
Aun con todas estas discrepancias, el Comisario para asuntos fiscales de la CE rechazó la postura de los servicios legales del Consejo y aseguró que los trabajos relacionados con el impuesto seguirían adelante. Esto podría explicarse por la determinación de los países promotores de este impuesto, especialmente Alemania. La postura del país germano se basa en tratar que los Estados europeos con mayores dificultades económicas obtengan más ingresos con los que hacer frente a sus agujeros presupuestarios, en lugar de ser Berlín el garante último de toda la Unión.
Sin embargo, incluso la postura de los países que en un principio quieren aplicar el impuesto no es tan clara, algunos Gobiernos de esta minoría tampoco se ponen de acuerdo en cómo recaudar y distribuir el impuesto. Todo ello ha propiciado que, antes de iniciar el verano se anunciara un retraso en la introducción del gravamen (prevista para mediados de 2014). Eso sí, para algunos analistas, en caso de que finalmente se implemente con éxito sería un modelo rápidamente a seguir por otros gobiernos como Estados Unidos.
¿Menos frenos para crear impuestos?
Al final, otra importantísima cuestión que se está poniendo encima de la mesa sin ser muy noticiosa es la relativa a si los países de la UE podrán evitar tener que ponerse de acuerdo para fijar impuestos.
Dicho de otra manera, si el procedimiento de cooperación reforzada entre un subgrupo de Estados de la UE es válida legalmente con el propósito de crear impuestos. Algo que rompería la dinámica legal de la propia UE y que evitaría llegar a las difíciles unanimidades que, hasta ahora, actuaban como freno en numerosas cuestiones.