A propósito de la reforma de las pensiones planteada por el comité de expertos, los economistas Antonio González, Alberto del Pozo y Borja Suárez denunciaron en El País "La ruptura del pacto social". Y Octavio Granado, que fue secretario de Estado de Seguridad Social en el último Gobierno socialista, habla en el mismo periódico de "pacto intergeneracional".
En ninguno de los dos casos se procura analizar por qué el Estado puede decidir contener el crecimiento de las pensiones, en vez de aumentarlas. Creen que su aumento no comporta problema alguno. El señor González y sus colegas sostienen que no puede comportarlo, puesto que en otros países las pensiones representan un peso aún mayor en el gasto público. Si no se suben es por mala intención: "Coartada para el recorte de derechos", "deber constitucional de proveer los recursos", y los expertos que no apoyan la mayor coacción para arrebatar esos recursos a los ciudadanos son pérfidos que “consideran que nuestras pensiones actuales son excesivamente generosas”. Lógicamente responden a “poderosísimos intereses financieros (…) lo que la propuesta esconde –de manera consciente– detrás de fórmulas matemáticas es un cambio de modelo de Seguridad Social en el que la limitación de las pensiones públicas libera un amplio espacio a las pensiones privadas”, en cuyo caso “la mayoría” perdería y “ganaría el poder financiero que vería promocionado el acceso a un lucrativo negocio”. Esto “degrada el Estado de Bienestar que hemos construido en los últimos 35 años", lo que representa una "ruptura del núcleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema democrático y por ello resulta inadmisible”.
Don Octavio Granado también denuncia que en el comité hay "una mayoría de personas que no creen en nuestro sistema de reparto" y que, al no respaldar la subida de las cotizaciones, están "contra el sistema".
Ambos diagnósticos conspirativos adolecen de un análisis deficiente de la lógica de las alternativas del propio Estado, y de una abierta distorsión de la realidad, dado que es incuestionable que ningún partido político pretende socavar el Estado del Bienestar: más bien parece que la verdad es la contraria. Pero además coinciden en abusar de una antigua noción antiliberal, que sostiene que el Estado es un pacto. Resulta obvio que no lo es, porque un pacto se define como algo que los firmantes deben estar en posición de no firmar si así lo juzgan conveniente. Así son todos los contratos de las personas en la sociedad civil, pero ningún Estado es así. Pensar que lo es representa un punto de partida distorsionado, sobre el cual se edifican las ficciones antiliberales que estos señores comparten y difunden. Sobre esa base colectivista y totalitaria que identifica sociedad con Estado, y democracia con imposición de las decisiones políticas al conjunto de la comunidad, se apoyan la idolatría de la coacción y la demonización de la libertad.