El Gobierno ha dado luz verde este vienes al proyecto de Ley del Sector Eléctrico, con el que pretende equilibrar ingresos y gastos en este ámbito, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE), al no considerarlas adecuadas.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado que el texto, básicamente el mismo del anteproyecto aprobado el 12 de julio, se remitirá a las Cortes para su tramitación.
Mantiene el peaje al autoconsumo
El regulador también criticó que se estableciera un mecanismo de retribución diferenciado y más favorable para las renovables en los sistemas extrapeninsulares.
El ministro ha explicado que aunque "es verdad" que para determinadas actividades se fija una retribución superior, "es así porque aun con esa retribución superior el coste general para el sistema eléctrico disminuye", y por eso no ha incluido la recomendación.
Con respecto a la normativa, Soria ha insistido en que los precios de la electricidad en España son superiores a los del resto de la Unión Europea y que, pese a ello, no son suficientes para cubrir los costes, lo que da origen al déficit de tarifa. Por ello, la reforma energética aprobada tiene el triple objetivo de "garantizar la estabilidad financiera del sistema, reducir los costes" y frenar su impacto en los consumidores.
Creación de un bono social
La norma aprobada este viernes por el Consejo de Ministros establece la creación del bono social para los consumidores vulnerables de acuerdo a determinadas características sociales, consumo y poder adquisitivo. También se crea el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que será el precio máximo de referencia al que podrán contratar la mayor parte de los consumidores domésticos, si bien las empresas podrán aplicar descuentos sobre él, y se habilitan nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes.
El Proyecto de Ley se suma a las medidas ya emprendidas para equilibrar el sistema. La normativa fue presentada al Consejo de Ministros en primera lectura a finales del mes de julio junto con un paquete de medidas para corregir el desequilibrio de 4.500 millones de euros existente entre ingresos y costes del sistema eléctrico, un esfuerzo compartido por las empresas, el Estado y los consumidores.