En abril del año pasado, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner anunciaba, en uno de sus multitudinarios y populistas discursos, "la recuperación de la soberanía" de YPF para los argentinos, es decir, expropiaba YPF a la española Repsol.
Más de un año después,
el balance para YPF no puede ser peor. En manos de
Kirchner, han caído con fuerza los resultados y producción de YPF, según avanzó este diario. Además, el gobierno peronista nunca ha querido compensar económicamente a la española por el expolio.
Pese a la expropiación,
Repsol ha logrado desarrollar una fuerte actividad durante el último año y dinamizar sus áreas de negocio tradicional. Tanto, que le han permitido
crecer un 33%, eliminando así el efecto de YPF. Hace unos meses,
Antonio Brufau, presidente de Repsol, aseguraba que la única intención de la compañía era que "se nos pague
lo que consideramos que es justo", no recuperar el activo. Repsol fijó en
10.500 millones de dólares (7.900 millones de euros) la compensación. Sin embargo, el Gobierno Argentino está muy lejos de esa cantidad.
Kirchner está ultimando los detalles para realizar un pago unilateral a Repsol por valor de
1.500 millones de dólares (1.150 millones de euros) como compensación, según el diario
La Nación, muy lejos de los solicitado por Repsol.
De hecho, el plan del Ejecutivo argentino no tiene visos de recibir una respuesta favorable por parte de Repsol ni de impedir que la compañía española siga adelante en sus denuncias internacionales contra la expropiación.
El diario argentino señala que, si en los próximos días no se abriera un canal de diálogo con la compañía española, el Gobierno desembolsará estos 1.500 millones de dólares, o incluso menos, en moneda local, al tipo de cambio oficial y en una cuenta del Banco Nación.
El Ejecutivo del país considera que este pago le permitirá cumplir con la legislación nacional. El encargado de fijar el importe es el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que comenzó a estudiar el caso el mes pasado y que podría emitir una conclusión a principios de octubre.
La ley del país latinoamericano concede un plazo de dos años al Gobierno desde la expropiación para determinar el importe indemnizatorio. La Nación da por hecho que el importe que salga del tribunal de tasaciones no será más que el que determinen las autoridades políticas.
