El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en enero la expropiación de las instalaciones de Pepsi en Caracas, pero no ha sido hasta el pasado miércoles cuando ha llevado a cabo su objetivo.
Pasadas las 7 de la tarde, funcionarios de la Guardia Nacional, de la Guardia del Pueblo y de la Policía del estado Vargas (litoral de Caracas) han realizado la ejecución y el desalojo forzoso de uno de los almacenes utilizados por Pepsi para guardar alimentos y bebidas. Según informa el diario venezolano EL Universal, el Gobierno de Maduro va a destinar ese espacio para la construcción del Mercado Popular Cacique Catia y así "reubicar trabajadores de la economía informal que laboran en la zona".
La empresa asegura que tras conocer las intenciones Maduro, el pasado mes de mayo acordó con las autoridades "un arreglo amigable" para mudarse a otra zona, pero aún no se habían dado todos los pasos para concretar la mudanza. "No podemos mudarnos sin contar con la licencia de la comunidad a través de una asamblea de vecinos, con el nuevo local que garantice una operación segura y con el muro perimetral para aislar a los residentes del ruido que genera la actividad de la agencia", señala la empresa.
Tal y como recoge el diario ABC, los empleados del Gobierno venezolano entraron en las instalaciones sin previo aviso y se llevaron camiones enteros de las bebidas gaseosas. "Esto es un atropello que innecesariamente pone en riesgo el abastecimiento de nuestros productos y cientos de puestos de trabajo en el estado Vargas. Las expropiaciones no se hacen por vías de hecho, sino conforme a la Constitución y las leyes", denuncia Carla Hernández, asesora legal de Pepsi Cola.
"Pepsi-Cola Venezuela rechaza la toma ilegal de su agencia ubicada en Catia La Mar por parte de la Procuraduría del estado Vargas", dice un comunicado de la empresa.