El presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, lo tenía claro: la tasa que grava las bebidas azucaradas en Cataluña "no se va a llevar a la práctica". De Quinto denunció el pasado mes de marzo que el impuesto a las bebidas refrescantes en Cataluña era "discriminatorio y arbitrario".
El Gobierno de Artur Mas pretendía recaudar unos 30 millones de euros al año con este impuesto. Tanto el sector de las bebidas azucaradas, como varios portavoces de famosas multinacionales de sector, pusieron el grito en el cielo tras el anuncio. Hasta el embajador de EEUU en España, Alan Solomont, alertaba a la Generalidad sobre las consecuencias negativas que podría tener la aplicación de la tasa al azúcar haciendo hincapié en que "afectaría principalmente a Coca-Cola y Pepsi, por lo que podría enviar un mensaje hacia el resto de empresas que estén pensando invertir en Cataluña".
Ahora, sin dar ninguna explicación, la Generalidad ha decidido aparcar su iniciativa. Diversos medios de comunicación apuntan que las presiones de Coca-Cola y del Gobierno de EEUU han frenado las intenciones iniciales del Gobierno de Mas.
Preguntado por este asunto, el portavoz del Gobierno regional, Francesc Homs negó ayer haber recibido "presiones por parte de la diplomacia norteamericana" para no imponer el tributo.
También ayer, el mismo día que anunciaba la paralización de este impuesto, el Gobierno catalán aprobaba tres nuevos tributos medioambientales: un impuesto sobre las emisiones de CO2 de la aviación comercial, una tasa a la producción termonuclear de energía eléctrica y un impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera de determinadas instalaciones industriales.
Con la aplicación de estos gravámenes, la Generalidad espera recaudar un total de 50 millones de euros, 20 millones más de los que pensaba embolsarse con la tasa a los refrescos.